Politica
PP e IU alertan de que el plan de financiación de Solbes «es una amenaza para Asturias»
Aseguran que ceder más ingresos fiscales beneficia a las autonomías más ricas y ven «preocupante» la posibilidad de reducir los recursos del fondo de compensación Economía dice que el nuevo modelo funcionará en 2009
PONENCIA ESTATUTARIA. Jesús Iglesias y Ovidio Sánchez se saludan al comienzo de la reunión de ayer, con Fernando Lastra, Elena Díaz Palacios y Joaquín Aréstegui en segundo plano. / MARIO ROJAS
LAS PROPUESTAS
Los primeros esbozos del futuro modelo de financiación autonómica que ha dejado entrever el Ministerio de Economía han generado cierta inquietud en la clase política asturiana. Los partidos de la oposición, PP e IU, son los más beligerantes y ven «una amenaza» para el actual sistema de solidaridad. Joaquín Aréstegui, portavoz adjunto de los populares en la Junta, no dudó en señalar que los planteamientos avanzados por el equipo que lidera Pedro Solbes generan «mal rollo» porque, entre otras cosas, contemplan una reducción de los recursos del fondo de suficiencia, que actúa como mecanismo de nivelación en favor de las regiones más desfavorecidas. «Es preocupante», admite. Jesús Iglesias, coordinador de la coalición, mantiene una opinión similar, y avisa de que ceder más ingresos fiscales a las regiones «sólo irá en beneficio de las comunidades más ricas». El Ministerio de Economía, por su parte, expresó ayer su convicción de que el nuevo sistema podrá estar operativo en el año 2009.
El eje de la propuesta inicial del Ejecutivo -dar a las regiones más recursos a través de una mayor participación en el IVA, el IRPF y los impuestos especiales, pero reduciendo el fondo de suficiencia- no cuenta con el visto bueno del Partido Popular asturiano. «Quieren generalizar el sistema catalán», apunta Aréstegui, que señala que los porcentajes de cesión que maneja ahora el Gobierno, que llegarían al 50% del IVA y del IRPF y al 58% de los impuestos especiales, son los que ya están contemplados en el renovado Estatut. «Eso puede beneficiar a Cataluña y a otras regiones ricas, que recaudan más y por tanto obtienen más ingresos», indica, «pero no a Asturias».
Igual de inquietante es para Aréstegui la alternativa de que el fondo de suficiencia vea mermados sus recursos. «Para esta región sería un palo», apostilla, recordando que el Principado es una de las comunidades «que más se beneficia» del mismo. Asimismo, ve irónico que el Gobierno central hable de crear otro fondo, en este caso orientado a la convergencia autonómica, «cuando ya existe uno que quiere limitar». A la espera de que el Ejecutivo dé a conocer más información de sus planes, el portavoz popular pone sobre la mesa una reflexión: «Las perspectivas para mantener la solidaridad no son nada halagüeñas».
Posibilidad dañina
Izquierda Unida también mira con recelo los primeros movimientos en el Ministerio de Economía. Iglesias coincide con Aréstegui al afirmar que la idea de que las regiones cuenten con más recursos por la vía fiscal es dañina para territorios como Asturias, con menor capacidad de generación de riqueza y de recaudación. «A nosotros eso no nos ayudaría», opina.
El análisis del borrador inicial del Ejecutivo lleva a Iglesias a expresar su temor de que el Principado no vaya a ser una de las regiones beneficiadas por la reforma de la financiación. Más bien al contrario. Que se esté pensando en aminorar la cuantía del fondo de suficiencia no es un buen indicio, alega. «Una decisión así no encaja en un modelo de solidaridad; sería una solidaridad devaluada», comenta.
El PSOE, de momento, se mantiene a la expectativa. Su portavoz en la Junta General, Fernando Lastra, eludió entrar en la confrontación política y se limitó a afirmar que si las comunidades obtienen más recursos por la vía de una mayor participación en los impuestos, «parece obvio que las necesidades de nivelación se reducirán». Fuera de eso, reivindicó la necesidad de que esos mecanismos de equilibrio se mantengan para paliar las diferencias que, pese a todo, sigan existiendo.
Ajeno a las críticas, el Ministerio de Economía mantiene sus planes y continúa sentando las bases para la negociación que, de llegar a buen puerto, desembocará en el nuevo sistema. Será un proceso «complicado», admitió ayer el propio ministro, que pese a todo entiende que hay «elementos para el acuerdo». El Gobierno tiene el compromiso de sacar adelante la reforma «y lo vamos a hacer», indicó, negando la existencia de cualquier retraso.
Calendario
El calendario que se ha marcado el propio Solbes pasa por aprovechar los meses de primavera y verano para acercar posturas y lograr un acuerdo político antes de agosto. El resto del año, según esta 'hoja de ruta, se aprovecharía para tramitar la ley, que entraría en vigor el año que viene. No debería, a su juicio, haber ninguna espera.
«Cada comunidad tiene sus argumentos y habrá que llegar a un consenso», alegó el máximo responsable de Economía, que afirmó que su intención es reforzar la autonomía financiera de las comunidades para que dependan menos del Estado y más de sí mismas. Siempre, eso sí, «garantizando la solidaridad y la convergencia regional», con la idea de que, al final, el proceso negociador se zanje «sin perdedores».
asuarez@elcomerciodigital.com
El eje de la propuesta inicial del Ejecutivo -dar a las regiones más recursos a través de una mayor participación en el IVA, el IRPF y los impuestos especiales, pero reduciendo el fondo de suficiencia- no cuenta con el visto bueno del Partido Popular asturiano. «Quieren generalizar el sistema catalán», apunta Aréstegui, que señala que los porcentajes de cesión que maneja ahora el Gobierno, que llegarían al 50% del IVA y del IRPF y al 58% de los impuestos especiales, son los que ya están contemplados en el renovado Estatut. «Eso puede beneficiar a Cataluña y a otras regiones ricas, que recaudan más y por tanto obtienen más ingresos», indica, «pero no a Asturias».
Igual de inquietante es para Aréstegui la alternativa de que el fondo de suficiencia vea mermados sus recursos. «Para esta región sería un palo», apostilla, recordando que el Principado es una de las comunidades «que más se beneficia» del mismo. Asimismo, ve irónico que el Gobierno central hable de crear otro fondo, en este caso orientado a la convergencia autonómica, «cuando ya existe uno que quiere limitar». A la espera de que el Ejecutivo dé a conocer más información de sus planes, el portavoz popular pone sobre la mesa una reflexión: «Las perspectivas para mantener la solidaridad no son nada halagüeñas».
Posibilidad dañina
Izquierda Unida también mira con recelo los primeros movimientos en el Ministerio de Economía. Iglesias coincide con Aréstegui al afirmar que la idea de que las regiones cuenten con más recursos por la vía fiscal es dañina para territorios como Asturias, con menor capacidad de generación de riqueza y de recaudación. «A nosotros eso no nos ayudaría», opina.
El análisis del borrador inicial del Ejecutivo lleva a Iglesias a expresar su temor de que el Principado no vaya a ser una de las regiones beneficiadas por la reforma de la financiación. Más bien al contrario. Que se esté pensando en aminorar la cuantía del fondo de suficiencia no es un buen indicio, alega. «Una decisión así no encaja en un modelo de solidaridad; sería una solidaridad devaluada», comenta.
El PSOE, de momento, se mantiene a la expectativa. Su portavoz en la Junta General, Fernando Lastra, eludió entrar en la confrontación política y se limitó a afirmar que si las comunidades obtienen más recursos por la vía de una mayor participación en los impuestos, «parece obvio que las necesidades de nivelación se reducirán». Fuera de eso, reivindicó la necesidad de que esos mecanismos de equilibrio se mantengan para paliar las diferencias que, pese a todo, sigan existiendo.
Ajeno a las críticas, el Ministerio de Economía mantiene sus planes y continúa sentando las bases para la negociación que, de llegar a buen puerto, desembocará en el nuevo sistema. Será un proceso «complicado», admitió ayer el propio ministro, que pese a todo entiende que hay «elementos para el acuerdo». El Gobierno tiene el compromiso de sacar adelante la reforma «y lo vamos a hacer», indicó, negando la existencia de cualquier retraso.
Calendario
El calendario que se ha marcado el propio Solbes pasa por aprovechar los meses de primavera y verano para acercar posturas y lograr un acuerdo político antes de agosto. El resto del año, según esta 'hoja de ruta, se aprovecharía para tramitar la ley, que entraría en vigor el año que viene. No debería, a su juicio, haber ninguna espera.
«Cada comunidad tiene sus argumentos y habrá que llegar a un consenso», alegó el máximo responsable de Economía, que afirmó que su intención es reforzar la autonomía financiera de las comunidades para que dependan menos del Estado y más de sí mismas. Siempre, eso sí, «garantizando la solidaridad y la convergencia regional», con la idea de que, al final, el proceso negociador se zanje «sin perdedores».
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