ECONOMÍA
Consumidores, transportistas, Fade, PP, IU y sindicatos piden la anulación del 'céntimo sanitario'
La UCE y los agentes sociales instan a buscar otra opción «mejor» para financiar la sanidad asturiana. El Gobierno central anuncia que está dispuesto a acudir al Tribunal europeo para defender el gravamen
COMBUSTIBLE. Un surtidor de gasolina, en un coche. / E. C.
El dictamen de la Comisión Europea que considera «ilegal» el recargo sobre los carburantes ha provocado dos frentes. Uno, a favor de la decisión de Bruselas, que en Asturias ha sumados las voces de la patronal Fade, la asociación de consumidores UCE, los transportistas, los partidos de la oposición y los sindicatos, y otro frente, formado por la Administración del Estado, que con el apoyo de las comunidades que aplican el llamado 'céntimo sanitario', entre ellas el Principado, recurrirá ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, si resulta necesario, para defender el gravamen.
El pasado martes la Comisión Europea dictaminó que el recargo sobre las gasolinas no respeta la normativa de la UE porque se aplica de forma directa sobre la tarifas aplicables al consumidor (es decir, aparte de la tasa sobre la venta al por mayor) y, además, carece de una finalidad específica (aunque, en teoría, debería ayudar a financiar el sistema sanitario , lo cierto es que algunas comunidades lo usan como un recurso presupuestario más para sufragar actuaciones de todo tipo). La CE dio a España dos meses de plazo para presentar alegaciones.
Ayer, fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda adujeron que se trata de un sistema tributario «a todas luces legal» y, si bien admitirían abrir una negociación al respecto con las autoridades comunitarias, no están dispuestos a su eliminación.
En el Principado, el delegado del Gobierno, Antonio Trevín, dijo que «no se tiene constancia todavía de aspectos legales que van a ser fundamentales a la hora de plantear la estrategia futura del Ejecutivo español». Por su parte, la consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, reiteró las explicaciones aportadas el día anterior por el consejero de Economía, Jaime Rabanal, respecto al dictamen de la CE y manifestó que es el Ejecutivo de España el que tiene las competencias de regulación de ese impuesto. Migoya tildó además de «demagógicas e hipócritas» las declaraciones del PP, que ayer pidió que se retire inmediatamente en Asturias el impuesto «ilegal». La consejera recordó que fue un Gobierno del PP el que aprobó dicho impuesto en España y el que autorizó a las comunidades autónomas a utilizarlo para la financiación sanitaria.
El presidente del PP de Asturias, Ovidio Sánchez, que preguntará al presidente del Principado sobre este asunto en el Pleno de la Junta General, explicó que los ciudadanos son los que vienen padeciendo un impuesto que, «en teoría» iba a ser destinado para financiar la sanidad, concretamente el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias.
Frente a la petición del PP asturiano para que se retire el impuesto, la portavoz económica en la dirección del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Fátima Báñez, indicó ayer que el Gobierno socialista tiene la obligación de defender ante Bruselas las medidas adoptadas por España en el marco de su «soberanía fiscal». Báñez recordó que este impuesto fue aprobado «por unanimidad» en el marco de la financiación autonómica en 2001, bajo la etapa del Gobierno de José María Aznar.
«Vinculación causal»
El presidente de Fade, Severino García Vigón, dijo que es un impuesto «que nunca debería haberse implantado, que afecta directamente al sector del transporte pero también al conjunto de la economía asturiana y a la competitividad de sus empresas, especialmente en un momento de desaceleración como el que estamos viviendo». Fade recordó que ha pedido reiteradamente su supresión, «pues nunca hemos entendido esa vinculación causal que se hace entre el impuesto y la viabilidad del sistema sanitario». Al igual que Asetra, también la Confederación Española de Transporte por Mercancías (CETM) valoró el dictamen de la CE como «un avance en nuestras pretensiones».
El presidente de UCE- Asturias dijo estar abierto a la búsqueda de una «fórmula mejor» que también permita sostener el sistema sanitario para los usuarios y comentó que, desde el punto de vista del consumidor, uno de los aspectos del recargo que puede ser más cuestionado es que se trata de un impuesto indirecto, por lo que afecta a todas las personas por igual, con independencia de sus recursos. Ésta es, precisamente, la principal crítica de UGT, CC OO e IU de Asturias. La coalición, en boca de su coordinador general en Asturias, Jesús Iglesias, emplazó ahora al Gobierno central a asumir la «compensación» a las comunidades autónomas.
Los secretarios generales de UGT, Justo Rodríguez Braga, y de CC OO, Antonio Pino, criticaron la utilización de impuestos indirectos como los que se aplican sobre la gasolina, que penalizan por igual a las rentas altas y a las bajas y plantearon que es el momento de resolver el problema de la financiación autonómica.
El pasado martes la Comisión Europea dictaminó que el recargo sobre las gasolinas no respeta la normativa de la UE porque se aplica de forma directa sobre la tarifas aplicables al consumidor (es decir, aparte de la tasa sobre la venta al por mayor) y, además, carece de una finalidad específica (aunque, en teoría, debería ayudar a financiar el sistema sanitario , lo cierto es que algunas comunidades lo usan como un recurso presupuestario más para sufragar actuaciones de todo tipo). La CE dio a España dos meses de plazo para presentar alegaciones.
Ayer, fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda adujeron que se trata de un sistema tributario «a todas luces legal» y, si bien admitirían abrir una negociación al respecto con las autoridades comunitarias, no están dispuestos a su eliminación.
En el Principado, el delegado del Gobierno, Antonio Trevín, dijo que «no se tiene constancia todavía de aspectos legales que van a ser fundamentales a la hora de plantear la estrategia futura del Ejecutivo español». Por su parte, la consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, reiteró las explicaciones aportadas el día anterior por el consejero de Economía, Jaime Rabanal, respecto al dictamen de la CE y manifestó que es el Ejecutivo de España el que tiene las competencias de regulación de ese impuesto. Migoya tildó además de «demagógicas e hipócritas» las declaraciones del PP, que ayer pidió que se retire inmediatamente en Asturias el impuesto «ilegal». La consejera recordó que fue un Gobierno del PP el que aprobó dicho impuesto en España y el que autorizó a las comunidades autónomas a utilizarlo para la financiación sanitaria.
El presidente del PP de Asturias, Ovidio Sánchez, que preguntará al presidente del Principado sobre este asunto en el Pleno de la Junta General, explicó que los ciudadanos son los que vienen padeciendo un impuesto que, «en teoría» iba a ser destinado para financiar la sanidad, concretamente el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias.
Frente a la petición del PP asturiano para que se retire el impuesto, la portavoz económica en la dirección del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Fátima Báñez, indicó ayer que el Gobierno socialista tiene la obligación de defender ante Bruselas las medidas adoptadas por España en el marco de su «soberanía fiscal». Báñez recordó que este impuesto fue aprobado «por unanimidad» en el marco de la financiación autonómica en 2001, bajo la etapa del Gobierno de José María Aznar.
«Vinculación causal»
El presidente de Fade, Severino García Vigón, dijo que es un impuesto «que nunca debería haberse implantado, que afecta directamente al sector del transporte pero también al conjunto de la economía asturiana y a la competitividad de sus empresas, especialmente en un momento de desaceleración como el que estamos viviendo». Fade recordó que ha pedido reiteradamente su supresión, «pues nunca hemos entendido esa vinculación causal que se hace entre el impuesto y la viabilidad del sistema sanitario». Al igual que Asetra, también la Confederación Española de Transporte por Mercancías (CETM) valoró el dictamen de la CE como «un avance en nuestras pretensiones».
El presidente de UCE- Asturias dijo estar abierto a la búsqueda de una «fórmula mejor» que también permita sostener el sistema sanitario para los usuarios y comentó que, desde el punto de vista del consumidor, uno de los aspectos del recargo que puede ser más cuestionado es que se trata de un impuesto indirecto, por lo que afecta a todas las personas por igual, con independencia de sus recursos. Ésta es, precisamente, la principal crítica de UGT, CC OO e IU de Asturias. La coalición, en boca de su coordinador general en Asturias, Jesús Iglesias, emplazó ahora al Gobierno central a asumir la «compensación» a las comunidades autónomas.
Los secretarios generales de UGT, Justo Rodríguez Braga, y de CC OO, Antonio Pino, criticaron la utilización de impuestos indirectos como los que se aplican sobre la gasolina, que penalizan por igual a las rentas altas y a las bajas y plantearon que es el momento de resolver el problema de la financiación autonómica.
