GOZÓN CARREÑO
El 10% de los 200 pisos que Sogepsa edificará en Luanco serán viviendas sociales
08.05.08 -
PROYECTO 'ALTAMIRA'. Infografía de la nueva urbanización en una parcela próxima al cuartel de la Guardia Civil. / P. G.-P.
El 10% de las viviendas que se construirán en la parcela próxima al cuartel de la Guardia Civil en Luanco por la Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias (Sogepsa), deberán ser de protección pública. Esta es una nueva normativa que fija el Ministerio de la Vivienda, en vigor desde hace poco tiempo, y que deberá aplicarse en el proyecto que se desarrollará en Luanco denominado 'Altamira'.
Ya con anterioridad se establecía el mismo criterio, aunque con la salvedad de que no se definía el tipo de protección de los tres existentes. Ahora la novedad que aporta la ley es que será «obligatorio» que el 10% de la edificación se destine a viviendas de promoción pública, más conocidas como viviendas sociales. Este cambio propició el retraso en la tramitación de los contratos con los promotores por parte de SOGEPSA para edificar en las parcelas urbanizadas dentro del proyecto.
Por tanto, de los 200 pisos que serán construidos, una parte será para viviendas sociales y el resto se deberán repartir entre viviendas de protección autonómica y de mercado libre. Inicialmente, el plan contempló que 88 pisos fueran de protección autonómica o lo que es lo mismo con una construcción de mayor calidad que las sociales y los 112 restantes serían vendidos al precio del mercado libre. Según adelantó la concejala de Urbanismo, Charo García, «lo único que conocemos hasta ahora es que existe esta novedad, pero desconocemos este detalle que se gestiona desde Sogepsa». «No obstante, -añadió- lo más probable es que sea la sociedad de gestión quien también se haga cargo de las viviendas sociales».
Tramitación
Por otro lado, la próxima semana se iniciará la ronda de comisiones informativas con los grupos políticos sobre la tramitación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). El documento con las correcciones encargado al equipo redactor será presentado esta semana, según confirmó la concejala de Urbanismo. Durante este mes también serán presentados los documentos que se deberán adjuntar al PGOU del catálogo urbanístico y el informe de sostenibilidad ambiental. Con todo, Charo García señaló que los plazos se mantienen para ir a la aprobación inicial en junio.
Ya con anterioridad se establecía el mismo criterio, aunque con la salvedad de que no se definía el tipo de protección de los tres existentes. Ahora la novedad que aporta la ley es que será «obligatorio» que el 10% de la edificación se destine a viviendas de promoción pública, más conocidas como viviendas sociales. Este cambio propició el retraso en la tramitación de los contratos con los promotores por parte de SOGEPSA para edificar en las parcelas urbanizadas dentro del proyecto.
Por tanto, de los 200 pisos que serán construidos, una parte será para viviendas sociales y el resto se deberán repartir entre viviendas de protección autonómica y de mercado libre. Inicialmente, el plan contempló que 88 pisos fueran de protección autonómica o lo que es lo mismo con una construcción de mayor calidad que las sociales y los 112 restantes serían vendidos al precio del mercado libre. Según adelantó la concejala de Urbanismo, Charo García, «lo único que conocemos hasta ahora es que existe esta novedad, pero desconocemos este detalle que se gestiona desde Sogepsa». «No obstante, -añadió- lo más probable es que sea la sociedad de gestión quien también se haga cargo de las viviendas sociales».
Tramitación
Por otro lado, la próxima semana se iniciará la ronda de comisiones informativas con los grupos políticos sobre la tramitación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). El documento con las correcciones encargado al equipo redactor será presentado esta semana, según confirmó la concejala de Urbanismo. Durante este mes también serán presentados los documentos que se deberán adjuntar al PGOU del catálogo urbanístico y el informe de sostenibilidad ambiental. Con todo, Charo García señaló que los plazos se mantienen para ir a la aprobación inicial en junio.
