Politica
El Gobierno propone abordar la reforma de la ley electoral
El PP acepta modificar la Constitución si sirve para cerrar el modelo autonómico y limitar la cesión de las competencias
08.05.08 -
GOBIERNO. Fernández de la Vega, junto a Alfonso Guerra. / EFE
El Gobierno abre la puerta del Congreso a la reforma de la ley electoral con el anuncio de la creación de una subcomisión parlamentaria que aborde su estudio. Además, se solicita con «carácter inmediato» un informe al Consejo de Estado que sea utilizado como «herramienta de trabajo» por los parlamentarios. Esta es una de las propuestas que presentó el Ejecutivo en el marco de la reforma constitucional que intentará pactar en esta legislatura con el PP.
Y es que nadie se opone a modificar la Constitución, pero el Gobierno tendrá que esmerarse si quiere que la propuesta de Rodríguez Zapatero vea la luz. El PP avisó ayer de que su disposición a pactar asuntos de Estado con el Ejecutivo no implica un 'borrón y cuenta nueva'. Su premisa para la reforma constitucional sigue siendo la misma: la apoyará siempre que sirva para cerrar definitivamente el modelo autonómico y poner techo a las competencias de las comunidades. Las fuerzas nacionalistas e independentistas ponen la condición contraria. Si se abre el melón esperan poder discutir sobre el modelo territorial. La tarea del Ejecutivo es buscar ahora el «mínimo común» entre todas los grupos.
En realidad, las posturas entre PSOE y PP no están tan alejadas, aunque fuentes gubernamentales se muestran escépticas ante la posibilidad de llegar a un entendimiento. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó ante la comisión constitucional del Congreso que su idea es poder llevar a cabo en esta legislatura la misma reforma limitada que ya propuso Zapatero en su primer mandato. Una reforma que acabó guardada en un cajón y que tenía cuatro objetivos concretos: convertir el Senado en verdadera cámara territorial, eliminar la primacía del varón en la sucesión a la Corona, incorporar el proceso de integración europea e introducir la norma fundamental los nombres de todas las comunidades y ciudades autónomas.
El portavoz popular en la citada comisión, Federico Trillo, aseguró que su partido dará al Gobierno su «respaldo absoluto» si opta por seguir el dictamen emitido en la pasada legislatura por el Consejo de Estado. El órgano asesor del Ejecutivo, al que Zapatero solicitó un informe sobre la reforma, vino a dar la razón al principal partido de la oposición al sugerir que, a fin de acabar con la premeditada indefinición de la Carta Magna -que dejó abierto el modelo autonómico para que a principios de los 80 pudieran aprobarse los distintos estatutos de autonomía- convendría delimitar las competencias del Estado y de las comunidades en el propio texto.
Paz autonómica
No entra precisamente en los planes de Zapatero meterse en un jardín de luchas autonómicas. La vicepresidenta trató de templar gaitas con el argumento de que una reforma de esta índole sólo debería plantearse para aquellas cuestiones en las que existe un «mínimo acuerdo», pero con la promesa de que «todo se puede discutir». Sin embargo, en su intervención inicial ya había dejado claro el ánimo actual del Ejecutivo. «Pasaron los tiempos de la reivindicación, pasaron los tiempos de la confrontación», dijo. «Nuestro sistema autonómico cuenta con la suficiente madurez para que así sea». El Gobierno pretende reformar también la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para avanzar en la laicidad del Estado. Una propuesta que cuenta con el rechazo del PP.
Y es que nadie se opone a modificar la Constitución, pero el Gobierno tendrá que esmerarse si quiere que la propuesta de Rodríguez Zapatero vea la luz. El PP avisó ayer de que su disposición a pactar asuntos de Estado con el Ejecutivo no implica un 'borrón y cuenta nueva'. Su premisa para la reforma constitucional sigue siendo la misma: la apoyará siempre que sirva para cerrar definitivamente el modelo autonómico y poner techo a las competencias de las comunidades. Las fuerzas nacionalistas e independentistas ponen la condición contraria. Si se abre el melón esperan poder discutir sobre el modelo territorial. La tarea del Ejecutivo es buscar ahora el «mínimo común» entre todas los grupos.
En realidad, las posturas entre PSOE y PP no están tan alejadas, aunque fuentes gubernamentales se muestran escépticas ante la posibilidad de llegar a un entendimiento. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó ante la comisión constitucional del Congreso que su idea es poder llevar a cabo en esta legislatura la misma reforma limitada que ya propuso Zapatero en su primer mandato. Una reforma que acabó guardada en un cajón y que tenía cuatro objetivos concretos: convertir el Senado en verdadera cámara territorial, eliminar la primacía del varón en la sucesión a la Corona, incorporar el proceso de integración europea e introducir la norma fundamental los nombres de todas las comunidades y ciudades autónomas.
El portavoz popular en la citada comisión, Federico Trillo, aseguró que su partido dará al Gobierno su «respaldo absoluto» si opta por seguir el dictamen emitido en la pasada legislatura por el Consejo de Estado. El órgano asesor del Ejecutivo, al que Zapatero solicitó un informe sobre la reforma, vino a dar la razón al principal partido de la oposición al sugerir que, a fin de acabar con la premeditada indefinición de la Carta Magna -que dejó abierto el modelo autonómico para que a principios de los 80 pudieran aprobarse los distintos estatutos de autonomía- convendría delimitar las competencias del Estado y de las comunidades en el propio texto.
Paz autonómica
No entra precisamente en los planes de Zapatero meterse en un jardín de luchas autonómicas. La vicepresidenta trató de templar gaitas con el argumento de que una reforma de esta índole sólo debería plantearse para aquellas cuestiones en las que existe un «mínimo acuerdo», pero con la promesa de que «todo se puede discutir». Sin embargo, en su intervención inicial ya había dejado claro el ánimo actual del Ejecutivo. «Pasaron los tiempos de la reivindicación, pasaron los tiempos de la confrontación», dijo. «Nuestro sistema autonómico cuenta con la suficiente madurez para que así sea». El Gobierno pretende reformar también la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para avanzar en la laicidad del Estado. Una propuesta que cuenta con el rechazo del PP.
