Politica
PP e IU impiden que la Sindicatura fiscalice a los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés
La unión de los votos de Mercedes Fernández y Antonio Arias tumbó la propuesta realizada por el síndico mayor La ex delegada del Gobierno argumentó escasez de medios personales, aunque añadió cuatro fiscalizaciones al programa
08.05.08 -
COMPARECENCIA. En primera fila, Arias, Fernández y Viejo, en la comisión de Economía de la Junta, el 27 de noviembre. / E. C.
La suma de los votos de los síndicos nombrados a propuesta del Partido Popular, Mercedes Fernández, e Izquierda Unida, Antonio Arias, impidieron que la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias incluyera en su programa de fiscalizaciones para este año el análisis de las cuentas de los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés, como había propuesto el síndico mayor, Avelino Viejo, designado por el PSOE.
Viejo presentó a la reunión celebrada por la institución que preside el 30 de octubre de 2007 una propuesta que incluía, dentro del programa de trabajo para 2008, la «fiscalización de las cuentas generales del ejercicio de 2006 relativas a los ayuntamientos con población superior a los 50.000 habitantes (Oviedo, Gijón y Avilés)», junto a otras seis actuaciones.
En la citada reunión, Mercedes Fernández aceptó el resto de las propuestas del síndico mayor, que suponen la fiscalización de la cuenta general del Principado de Asturias, de las restantes entidades del sector público autonómico, de los proyectos financiados con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial y una del ámbito sanitario (a propuesta de la propia ex delegada del Gobierno del PP se decidió que fuese el Hospital de Cabueñes), además de los informes sobre el sector local y sobre el patrimonio municipal del suelo.
Escasez de medios
Rechazó, sin embargo, que el órgano fiscalizador se ocupara de las cuentas de los tres mayores consistorios asturianos, «tanto por razones de escasa disponibilidad de medios personales como por razones de equidad, dado el distinto cumplimiento de sus obligaciones con la Sindicatura», según se recoge en el acta de la reunión, a la que ha tenido acceso EL COMERCIO.
Antonio Arias se limitó a añadir «que comparte la propuesta» de Fernández y señaló que «se basa en la escasez de personal», por lo que dijo estar «dispuesto a reconsiderarla si el personal se incrementara». Eso llevó a aplazar la decisión final para la siguiente reunión, en la que se aprobó la propuesta tal y como la había formulado la síndica designada por el PP, con los votos de ésta y del representante de IU.
Además de eliminar del proyecto inicial de Viejo la fiscalización de los ayuntamientos, Mercedes Fernández propuso añadir la del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (Idepa), del Ente de Comunicación del Principado -del que depende la televisión autonómica-, de la empresa constructora Sedes y de los contratos de alta dirección del sector público autonómico. Todas ellas se incluyeron en el programa para 2008, que fue adelantado por el síndico mayor en una comparecencia informativa ante la comisión de Economía de la Junta General el pasado 27 de noviembre.
Ninguna referencia hizo Viejo en dicha comparecencia (cuyo objeto no era el programa de fiscalizaciones, sino el presupuesto del órgano que dirige) sobre su frustrado intento de analizar las cuentas de los tres consistorios citados, pese a su desacuerdo con su eliminación del programa definitivo. En la reunión del 30 de octubre, según se recoge en el acta, el síndico mayor le había explicado a los representantes de PP e IU que su propuesta inicial «se formula previo análisis del número de horas que pueden destinarse a las restantes fiscalizaciones y en la seguridad de que es asumible con los medios disponibles».
Viejo quiso precisar, además, «que la profundidad y el detalle de las fiscalizaciones puede ser mayor o menor según se concrete en las directrices» y expresó su intención de «iniciar la fiscalización local, dado que, tanto por el volumen de recursos públicos que gestionan como por la población que los tres propuestos tienen, resulta obligado para la Sindicatura iniciar este aspecto de la fiscalización, además de la relativa a la comunidad autónoma». Añadió que el análisis de las cuentas municipales, «especialmente de los ayuntamientos más importantes, debe ser realizado todos los años, e incluso debe aspirarse a ampliar el número».
Sus argumentos no convencieron a los síndicos propuestos por PP e Izquierda Unida, por lo que la fiscalización de los consistorios gobernados por el popular Gabino de Lorenzo y por las socialistas Paz Fernández Felgueroso y Pilar Varela deberá esperar, como mínimo, hasta el próximo año.
Viejo presentó a la reunión celebrada por la institución que preside el 30 de octubre de 2007 una propuesta que incluía, dentro del programa de trabajo para 2008, la «fiscalización de las cuentas generales del ejercicio de 2006 relativas a los ayuntamientos con población superior a los 50.000 habitantes (Oviedo, Gijón y Avilés)», junto a otras seis actuaciones.
En la citada reunión, Mercedes Fernández aceptó el resto de las propuestas del síndico mayor, que suponen la fiscalización de la cuenta general del Principado de Asturias, de las restantes entidades del sector público autonómico, de los proyectos financiados con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial y una del ámbito sanitario (a propuesta de la propia ex delegada del Gobierno del PP se decidió que fuese el Hospital de Cabueñes), además de los informes sobre el sector local y sobre el patrimonio municipal del suelo.
Escasez de medios
Rechazó, sin embargo, que el órgano fiscalizador se ocupara de las cuentas de los tres mayores consistorios asturianos, «tanto por razones de escasa disponibilidad de medios personales como por razones de equidad, dado el distinto cumplimiento de sus obligaciones con la Sindicatura», según se recoge en el acta de la reunión, a la que ha tenido acceso EL COMERCIO.
Antonio Arias se limitó a añadir «que comparte la propuesta» de Fernández y señaló que «se basa en la escasez de personal», por lo que dijo estar «dispuesto a reconsiderarla si el personal se incrementara». Eso llevó a aplazar la decisión final para la siguiente reunión, en la que se aprobó la propuesta tal y como la había formulado la síndica designada por el PP, con los votos de ésta y del representante de IU.
Además de eliminar del proyecto inicial de Viejo la fiscalización de los ayuntamientos, Mercedes Fernández propuso añadir la del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (Idepa), del Ente de Comunicación del Principado -del que depende la televisión autonómica-, de la empresa constructora Sedes y de los contratos de alta dirección del sector público autonómico. Todas ellas se incluyeron en el programa para 2008, que fue adelantado por el síndico mayor en una comparecencia informativa ante la comisión de Economía de la Junta General el pasado 27 de noviembre.
Ninguna referencia hizo Viejo en dicha comparecencia (cuyo objeto no era el programa de fiscalizaciones, sino el presupuesto del órgano que dirige) sobre su frustrado intento de analizar las cuentas de los tres consistorios citados, pese a su desacuerdo con su eliminación del programa definitivo. En la reunión del 30 de octubre, según se recoge en el acta, el síndico mayor le había explicado a los representantes de PP e IU que su propuesta inicial «se formula previo análisis del número de horas que pueden destinarse a las restantes fiscalizaciones y en la seguridad de que es asumible con los medios disponibles».
Viejo quiso precisar, además, «que la profundidad y el detalle de las fiscalizaciones puede ser mayor o menor según se concrete en las directrices» y expresó su intención de «iniciar la fiscalización local, dado que, tanto por el volumen de recursos públicos que gestionan como por la población que los tres propuestos tienen, resulta obligado para la Sindicatura iniciar este aspecto de la fiscalización, además de la relativa a la comunidad autónoma». Añadió que el análisis de las cuentas municipales, «especialmente de los ayuntamientos más importantes, debe ser realizado todos los años, e incluso debe aspirarse a ampliar el número».
Sus argumentos no convencieron a los síndicos propuestos por PP e Izquierda Unida, por lo que la fiscalización de los consistorios gobernados por el popular Gabino de Lorenzo y por las socialistas Paz Fernández Felgueroso y Pilar Varela deberá esperar, como mínimo, hasta el próximo año.
