
LA SITUACIÓN
En concreto, el Partido Popular se refiere a una urbanización en la localidad de Poo de Llanes denominada 'La Güera', cuyas características fueron denunciadas por una veintena de vecinos en marzo de 2007, al considerar que había irregularidades en el desarrollo de las obras. El comunicado del PP explica que dichas irregularidades se centraban en «la ocupación máxima superficial, la superficie construida máxima y los retranqueos», por lo que las obras «incumplían claramente el PGOU de Llanes».
Los populares aseguran que el Servicio de Urbanismo visitó las obras el 4 de mayo de 2007 para constatar «la veracidad de las denuncias», y se le exigía a la empresa constructora que tomase ciertas medidas correctoras. Aseguran que «ha transcurrido todo un año y, a fecha de hoy, se ha permitido seguir con la edificación».
Pero añaden más ejemplos. El pasado jueves, el Grupo Municipal Popular solicitó mediante un escrito dirigido a la alcaldesa la vista del expediente completo de otro edificio en construcción en la localidad de Niembro. Y es que, aseguran, ha habido «denuncias de varios vecinos en las que acusan a la empresa de que el edificio no guarda los retranqueos con los ejes del camino y de comerse literalmente los caminos colindantes con la edificación». Allí se personaron concejales del PP, que observaron «la veracidad del hecho denunciado» y constataron «la invasión de las obras de los caminos adyacentes». Por ese motivo, explican, «nos llama poderosamente la atención que, siendo una obra en fase de finalización, nadie del Servicio de Vigilancia Urbanística se haya percatado de semejante ilegalidad y no se hayan tomado desde la Oficina de Urbanismo las medidas pertinentes». Además, aseguran que «no es un hecho aislado» y que «probablemente, sin tardar mucho, nos veamos en la obligación de denunciar hechos similares a los expuestos».
«Descontrol»
Con estas bases, los populares consideran que la situación actual del urbanismo llanisco es de «absoluto descontrol y falta de rigor», por lo que quieren poner en conocimiento de los vecinos «el caos existente en el funcionamiento de la Oficina de Urbanismo».
Y dicha denuncia llega en un momento en el que, precisamente, el Ayuntamiento acaba de iniciar los trámites para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, que hace un año fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias por «no ajustarse a la legalidad». El recurso presentado por Ayuntamiento y Principado permitió a la Oficina de Urbanismo seguir emitiendo licencias, a la espera de una resolución definitiva. Este mismo miércoles, el Pleno iniciaba los trámites para la revisión completa del planeamiento urbanístico, para adaptarlo de esta forma a la legalidad vigente. Tras escuchar los informes de los servicios técnicos, el Ayuntamiento decidió que fuese una empresa externa al Ayuntamiento la que se encargase de la redacción. Los populares, por su parte, consideran que esta revisión es, en la práctica, la elaboración de un nuevo PGOU, tal y como ellos reclaman. Advierten que los planteamientos del Ayuntamiento supondrán una nueva anulación del plan, ya que los consideran también fuera de la legalidad.
Uno de los puntos más polémicos es el de la declaración de los pueblos de la costa llanisca como suelo urbano, algo que se reflejaba en el informe técnico y que, por definición, incluye a todos aquellos que tengan «acceso rodado, saneamiento, abastecimiento de agua y suministro eléctrico». Será sin embargo el Principado el que, junto al Ayuntamiento, decida qué localidades pasan a figurar en el PGOU como suelo urbano.
Desde el PP creen que, de llevarse a cabo esta medida, crecería de forma importante la presión urbanística sobre la costa, ya que sería posible llevar a cabo edificaciones de mayor altura y se perdería la estética de los pueblos. Tal y como están las cosas, los populares piden «consenso» para proceder a la elaboración de las nuevas normas urbanísticas del concejo, ya que consideran que el punto de arranque escogido por el equipo de Gobierno es erróneo y está condenado a ser anulado de nuevo por los tribunales de justicia.
Mientras tanto, la crisis del sector inmobiliario planea sobre promotoras y compradores, que parecen haberse dado un respiro en la carrera urbanística. Ahora el Ayuntamiento tratará de ajustar a la legalidad el PGOU antes de que se haga pública la resolución definitiva, que podría dejar sin base legal toda la evolución urbanística del concejo llanisco.





