ECONOMÍA
El Gobierno acusa a CAPSA de defraudar a la UE 27,6 millones en 'leche negra'
Un informe de Medio Rural afirma que la compañía láctea operó a través de una sociedad 'fantasma' para eludir el pago de tasas a la Unión Europea entre 1997 y 2001
GRANDA. Un operario maneja la nueva línea de envasado de Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA). / PABLO NOSTI
Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA) defraudó 27,6 millones de euros a la Unión Europea entre 1997 y 2001, según un informe oficial del Ministerio de Medio Rural. Durante esos ocho años, la compañía láctea asturiana supuestamente puso en el mercado ilegalmente 153.824.000 litros de 'leche negra', una cuantía que sobrepasa la cuota asignada por la UE, según la documentación entregada por el Gobierno al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, para incorporar al sumario del caso.
El informe, elaborado por dos peritos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), un organismo adscrito al ministerio, revela cómo una treintena de sociedades y cooperativas, grandes y pequeñas, repartidas por todo el país defraudaron en 'leche negra' 249 millones de euros a la UE. Para ello, se sirvieron de tres sociedades 'fantasma' (El Churtal, SL; Lácteos Lemos, SL, y Sumlac, SL) para camuflar el fraude con facturas falsas, colocar sus productos en las tiendas de forma clandestina y evitar así la multa de Bruselas.
El principal imputado en esta trama, el asturiano Pedro José Merediz Blanco (ya fallecido), representante de las sociedades El Churtal y Lácteos Lemos, describió el método utilizado por CAPSA para cometer el fraude en su escrito de alegaciones al juzgado, al que ha tenido acceso EL COMERCIO.
Según este documento, CAPSA, para ocultar su condición de «primera compradora» de leche excedentaria a diferentes ganaderos, procedía de la siguiente manera: «recibida la leche de sus diversos orígenes, comunicaban a El Churtal, primero, y a Sumlac, después, los litros que debían facturar y la zona a la que correspondía. Se elaboraba la correspondiente factura que, acto seguido, se pagaba a la facturadora -unas veces con pagarés y otras con cheque-, la cual, a continuación, detraía de sus cuentas el 'metálico' -la cantidad ingresada por CAPSA menos la comisión de El Churtal- y se lo entregaba a la persona responsable del área quien se encargaba de pagar la leche excedentaria, con su IVA, a los diferentes ganaderos o cooperativas».
Una peseta por litro
En sus alegaciones, Merediz Blanco explica que de las comisiones que se quedaba El Churtal por sus facturaciones a CAPSA, Pedro Astals, consejero delegado de la compañía, «cobraba una peseta por litro facturado». Si se tiene en cuenta que facturó ilegalmente más de 153 millones de litros de 'leche negra', Astals pudo llegar a cobrar 153 millones de pesetas (920.000 euros).
En el informe del FEGA, CAPSA figura, junto a Puleva y a Comercial Láctea de la Selva, como las tres empresas que más habrían defraudado a la UE, según los peritos oficiales. En el listado aparecen también cooperativas de productores como la Sociedad Nuestra Señora de Alcantarilla de Andalucía, y otras 28 firmas entre las que también están marcas muy conocidas como Leche Pascual y Clesa. La prueba pericial incorporada al sumario que investiga esta multimillonaria estafa es en la práctica un juicio general a todo el sector -incluidas las autoridades que lo gestionaron entre 1997 y 2005- y derivará con toda seguridad en una sanción económica de la Unión Europea a España por la sobreproducción encubierta durante todo ese periodo. En 240 páginas, los técnicos del FEGA desentrañan un complejo entramado de sociedades interpuestas y las relaciones que productores e industrias transformadoras mantenían a través de tres compañías 'fantasma' (El Churtal, Lácteos Lemos y Sumlac), sin experiencia en el sector y cuya «única actividad habría sido la emisión de facturas por ventas de leche no realizadas para eludir la relación personal con el hecho imponible de la tasa suplementaria exigida por la UE».
La trama, que fue denunciada en el año 2000 por el Ministerio de Agricultura que dirigía Miguel Arias Cañete, acumula un centenar de imputados, entre representantes de las compañías lácteas, de las cooperativas y de las sociedades que emitían las facturas.
El informe, elaborado por dos peritos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), un organismo adscrito al ministerio, revela cómo una treintena de sociedades y cooperativas, grandes y pequeñas, repartidas por todo el país defraudaron en 'leche negra' 249 millones de euros a la UE. Para ello, se sirvieron de tres sociedades 'fantasma' (El Churtal, SL; Lácteos Lemos, SL, y Sumlac, SL) para camuflar el fraude con facturas falsas, colocar sus productos en las tiendas de forma clandestina y evitar así la multa de Bruselas.
El principal imputado en esta trama, el asturiano Pedro José Merediz Blanco (ya fallecido), representante de las sociedades El Churtal y Lácteos Lemos, describió el método utilizado por CAPSA para cometer el fraude en su escrito de alegaciones al juzgado, al que ha tenido acceso EL COMERCIO.
Según este documento, CAPSA, para ocultar su condición de «primera compradora» de leche excedentaria a diferentes ganaderos, procedía de la siguiente manera: «recibida la leche de sus diversos orígenes, comunicaban a El Churtal, primero, y a Sumlac, después, los litros que debían facturar y la zona a la que correspondía. Se elaboraba la correspondiente factura que, acto seguido, se pagaba a la facturadora -unas veces con pagarés y otras con cheque-, la cual, a continuación, detraía de sus cuentas el 'metálico' -la cantidad ingresada por CAPSA menos la comisión de El Churtal- y se lo entregaba a la persona responsable del área quien se encargaba de pagar la leche excedentaria, con su IVA, a los diferentes ganaderos o cooperativas».
Una peseta por litro
En sus alegaciones, Merediz Blanco explica que de las comisiones que se quedaba El Churtal por sus facturaciones a CAPSA, Pedro Astals, consejero delegado de la compañía, «cobraba una peseta por litro facturado». Si se tiene en cuenta que facturó ilegalmente más de 153 millones de litros de 'leche negra', Astals pudo llegar a cobrar 153 millones de pesetas (920.000 euros).
En el informe del FEGA, CAPSA figura, junto a Puleva y a Comercial Láctea de la Selva, como las tres empresas que más habrían defraudado a la UE, según los peritos oficiales. En el listado aparecen también cooperativas de productores como la Sociedad Nuestra Señora de Alcantarilla de Andalucía, y otras 28 firmas entre las que también están marcas muy conocidas como Leche Pascual y Clesa. La prueba pericial incorporada al sumario que investiga esta multimillonaria estafa es en la práctica un juicio general a todo el sector -incluidas las autoridades que lo gestionaron entre 1997 y 2005- y derivará con toda seguridad en una sanción económica de la Unión Europea a España por la sobreproducción encubierta durante todo ese periodo. En 240 páginas, los técnicos del FEGA desentrañan un complejo entramado de sociedades interpuestas y las relaciones que productores e industrias transformadoras mantenían a través de tres compañías 'fantasma' (El Churtal, Lácteos Lemos y Sumlac), sin experiencia en el sector y cuya «única actividad habría sido la emisión de facturas por ventas de leche no realizadas para eludir la relación personal con el hecho imponible de la tasa suplementaria exigida por la UE».
La trama, que fue denunciada en el año 2000 por el Ministerio de Agricultura que dirigía Miguel Arias Cañete, acumula un centenar de imputados, entre representantes de las compañías lácteas, de las cooperativas y de las sociedades que emitían las facturas.
