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LETICIA ÁLVAREZ
Viernes, 16 de mayo 2008, 04:33
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«Es comprensible», opinan dos abogadas consultadas por EL COMERCIO. La penalista Teresa Suárez, una de ellas, está de acuerdo con la Ley Integral contra la Violencia de Género cuando dice que un hombre puede tener una pena más alta que una mujer ante el mismo delito de maltrato. Sin embargo, la opinión de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias es bien distinta porque cree que la mujer ha de ser igual ante la ley. Con esa disparidad de opiniones se recibió ayer el fallo del Tribunal Constitucional que avala penas más altas para los hombres maltratadores frente a las mujeres que cometan el mismo delito.
Teresa Suárez explica que «el espíritu de la ley se basa en que el interés protegido es diferente porque entiende que la posición de la mujer con respecto al hombre es de inferioridad». Lo mismo opina Montserrat González Rufo, vicepresidenta de la Asociación de Abogados Matrimonialistas, quien considera que «el maltrato masculino es más reprobable y frecuente porque en la relación de pareja el varón siempre parte de una posición de superioridad y, además, no lo digo yo, lo dicen entre otros, Eugeni Gay, el único abogado que forma parte del Tribunal Constitucional y ha votado a favor. No se puede olvidar que el 99% de las agresiones son causadas por el hombre y eso me parece importantísimo».
¿Se está hablando entonces de discriminación positiva? González Rulfo cree que no. «De hecho, la ley hace referencia a la vulnerabilidad de la mujer y parte de la base de que el hombre ejerce una superioridad. No se trata de que sea una mujer, se trata de que por serlo es más vulnerable». Y de acuerdo con esta idea se manifiesta Teresa Suárez cuando afirma que «no creo que se trate de decir que los hombres son más violentos que las mujeres, lo que se dice es que ellos están en una posición de fuerza y ante ésta hay que proteger al débil. No hay más que ver un hecho evidente que son las decenas de mujeres que mueren a manos de los hombres».
Ahora bien, esta letrada recuerda que la ley debería ser muy estricta en cuanto a denuncias falsas, «que las hay», comenta. «La ley busca persuadir, pero esto tiene un peligro que radica en las denuncias falsas. Existen y deben contemplarse y saber que se están produciendo». Para quienes la ley no tiene sentido en ese punto 1 del artículo 153, es para las mujeres y hombres separados, aunque sus argumentos sean distintos.
Pilar Fernández-Peña, que preside la Asociación de Mujeres Separadas de Asturias, ironizaba ayer con la idea de que «la ley es beligerante con este asunto, pero no lo es con otros igualmente graves como las violaciones o la pederastia, delitos con los que a diario estamos viendo que los tribunales son bastante benévolos». Y considera que «la mujer debe ser igual ante la ley, por eso no estoy de acuerdo».
Y en ese sentido se manifiesta también Felipe Aller Celemín, presidente del Circulo de Ayuda a Padres Separados y Divorciados, quien aseguraba que «se nos han puesto los pelos de punta al escuchar la noticia». Aller considera que ese criterio legal «es el reflejo de cuál es la situación del artículo 14, de la Constitución española, que habla de la igualdad de todos los ciudadanos. O somos todos iguales y vivimos en un país serio o no lo somos y desequilibramos todo el sistema». Aller muestra su indignación ante la ley porque, independientemente de la falta de credibilidad del TC lo que ha generado es más muerte y más dolor y lo que quieren es que la sociedad compense los errores del Estado».
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