El primero en manifestarse fue el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, quien valoró la oferta de forma «muy positiva» porque el paso dado por la entidad financiera significa «reforzar la asturianía de la propia empresa». Areces señaló que la iniciativa de la entidad financiera «se produce en un momento muy adecuado» porque, en el caso de que se llegue a concretar, «da tranquilidad, despeja incertidumbres y abre el camino para alcanzar esa meta que garantice el futuro de la empresa en un mercado muy complejo, donde están apareciendo incertidumbres que hay que despejar». Por ello, el presidente regional subrayó que la oferta supone «un mensaje positivo y da garantías de que en el futuro los intereses generales de la comunidad asturiana estarán más garantizados».
Aun más contundente fue el consejero de Industria y Empleo del Ejecutivo autonómico, Graciano Torre, quien dijo que la oferta de Cajastur para comprar las acciones de Clas era «muy deseada» por todas las instancias del Principado de Asturias. Así, se refirió a que es una buena noticia para el Gobierno, los partidos políticos y los propios empresarios.
Torre señaló que el hecho de que Cajastur quiera situarse como «socio de referencia» en una empresa como CAPSA, que quiere conservar su carácter asturiano, es algo «digno de aplaudir y de agradecer». Preguntado sobre las consecuencias para el empleo y las futuras inversiones, Torre afirmó que, en Cajastur, «hay muy buenos gestores que pueden dar tranquilidad al futuro sin ningún tipo de dudas».
La propuesta de la entidad financiera se enmarca dentro de un proceso abierto en el seno de Clas para reformar su estructura societaria con motivo de la situación de irregularidad jurídica en la que se encuentra con motivo de que la sociedad agraria de transformación (SAT) no permite la presencia de socios pasivos (los que han cesado su actividad). Además y, aunque este colectivo aúna 6.190 socios (el 83% del total) y tiene el 70% del capital, sólo representan el 13,79% en la asamblea. A este problema se une que la remuneración por el capital que perciben de Clas está mermada por la prima o sobreprecio por litro de leche que se paga a los activos y si quieren liquidar las acciones (también ocurre en el caso de los activos) tienen que venderlas a la SAT y a un precio contable, no de mercado.
Para solucionar esta serie de problemas, el presidente de Clas, Bertino Velasco, propuso desdoblar la SAT en una sociedad limitada patrimonial -que agruparía a 7.470 socios, entre ganaderos activos y pasivos- y que permitiría la libre transmisión de acciones y una SAT, formada exclusivamente por los 1.280 socios ganaderos activos, que se limitaría a la recogida y entrega de la leche a CAPSA, así como a la negociación del precio de la materia prima y su cobro. Uno de los puntos flacos es que, con una inversión relativamente baja, cualquier compañía podría tomar el control de Clas.
«Meritoria aportación»
La propuesta de Cajastur parte de la base de este desdoblamiento. De llevarse a cabo la reforma, la entidad ofrecerá liquidez para que todos aquellos socios que quieran separarse de la sociedad limitada puedan hacerlo vendiendo sus participaciones de forma equitativa y a un precio razonable. A cambio, Cajastur reclama a los socios un pacto que reconozca unos «derechos adicionales» a la entidad financiera con el objetivo de compartir la gestión de CAPSA para darle estabilidad, impulsar su crecimiento y preservar los vínculos con Asturias.
A falta de conocer con más detalle los términos de la oferta, la consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández, señaló que la propuesta «tiene ingredientes para convertirse en una meritoria aportación al futuro de la empresa. Se trata de un planteamiento que da el 'quid' a incertidumbres que se cernían sobre el proceso de reforma emprendido por Clas».
En su opinión, la oferta «aporta un plus de asturianidad de CAPSA en la medida que sienta las bases para una mayor presencia en el accionariado de una entidad financiera regional». Fernández añadió que el planteamiento de la Caja «añade perspectiva de estabilidad y confianza a los accionistas, avalada por la solvencia financiera de Cajastur, y vislumbra posibilidades de crecimiento con lo que ello puede reportar de inversiones y empleo en la región y de fortalecimiento de Asturias como líder en el sector y los mercados lácteos». La consejera destacó «la importancia que tiene el pleno respeto a la voluntad de los socios, que podrán decidir libremente aceptar la oferta de adquisición de la entidad». En este sentido, dijo que «la propuesta apunta buenas maneras, pues habla de reconocer un valor razonable y equitativo para las acciones de los cooperativistas que deseen vender».
También se manifestó el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Javier Fernández, quien recordó que la organización ya advirtió en abril, cuando se planteó la reforma, que «no entendíamos un planteamiento de esa naturaleza si no había una mayor implicación de las entidades financieras. Nos quedamos solos. Lo mismo pasó cuando se habló de una posible fusión con Puleva. Creíamos que Cajastur debía participar de forma más intensa en capital y gestión. Fuimos pioneros y nos alegramos de que nos hayan secundado».
Por su parte, el presidente del PP de Asturias, Ovidio Sánchez, afirmó que «está totalmente de acuerdo» con la decisión de Cajastur y afirmó que está dispuesto a apoyar esa decisión «donde sea necesario». El secretario general de UGT en Asturias, Justo Rodríguez Braga, dijo que la medida «enlaza los intereses de los ganaderos y de CAPSA. Es un paso importante para mantener su liderazgo, la marca y el empleo» y valoró «el esfuerzo de Cajastur». Su homólogo en CC OO, Antonio Pino, destacó que, con esta iniciativa, «la Caja avanza en lo que siempre hemos reclamado: su compromiso con la región».





