El TSJA anula por segunda vez el PGOU de Llanes e incluye en esta ocasión el texto refundido

Segundo varapalo para el urbanismo de Llanes en poco más de un año. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado nuevamente el Plan General de Ordenación Urbana del concejo -derogado ya en una sentencia similar fallada en abril de 2007 y recurrida por el Ayuntamiento de Llanes y el Gobierno del Principado- «por no ajustarse al ordenamiento jurídico» y atendiendo en esta ocasión al recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall) hace ya cinco años. Con ésta ya son tres las ocasiones en las que los tribunales derogan un planeamiento urbanístico en el concejo llanisco si se tienen en cuenta también las Normas Subsidiarias anuladas en 1997.

La principal novedad con respecto a la resolución formulada por este mismo tribunal en abril del año pasado, en respuesta al recurso presentado en 2002 por Andecha Astur, es que en esta ocasión la sentencia incluye también la anulación del texto refundido, lo que se explica porque en el momento en el que se formuló el primer recurso este documento aún no estaba aprobado. De este modo, el Tribunal Superior se reafirma en que la aprobación del documento que autorizaba la construcción de cinco mil viviendas en el municipio supone una «directa vulneración de la legalidad».

La resolución de la sala que preside Jesús María Chamorro incluye una amplia enumeración de las razones que han llevado a anular nuevamente este documento. Muchos de los argumentos coinciden con la sentencia hecha pública en abril de 2007, como puede ser el hecho de no haber sometido a información pública importantes modificaciones realizadas por la Comisión Urbanística de Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). La sentencia entiende que «las modificaciones observadas son de tal cualidad y cantidad que deberían haberse tenido por sustanciales, y una vez corregido el texto debería haber sido objeto de información pública».

Vicio de nulidad

A juicio del Superior de Justicia, el planeamiento urbanístico de Llanes incurre además en un vicio de nulidad por incorporar en su desarrollo diferentes planes parciales que fueron anulados con la derogación de las Normas Subsidiarias en 1997. El fallo rechaza «el intento de convalidación» de desarrollos urbanísticos tales como el de La Talá, La Huertona, La Llavandera, el Polígono Industrial de Posada y la Unidad de Actuación de El Sablón para tratar de aprobarlos sin cumplir requisitos comunes como el trámite de información pública. Y es que el tribunal se reitera una y otra vez sobre este aspecto llegando a recriminar a la Administración local «el hurto de información a la ciudadanía».

La sentencia señala también que la calificación de suelo urbano en muchas zonas «es contraria a la legislación vigente», añadiendo que tanto el PGOU como los planes parciales que incorpora «incumplen las directrices subregionales de ordenación del territorio para la franja costera de Asturias» y abunda en que el documento «no tiene en cuenta todos los espacios naturales protegidos ni su normativa reguladora». Por último, el tribunal considera que existe una «falta total de justificación» cuando se efectúa la «conversión a núcleos urbanos» de determinadas localidades llaniscas como son el caso de Niembro, Barro o Celorio.

La sentencia genera nuevamente un ambiente de incertidumbre urbanístico en el municipio llanisco como el que se vivió hace apenas catorce meses. Por ello, la junta directiva de Avall instaba ayer tanto al Ayuntamiento de Llanes como al Gobierno del Principado a que se abstengan de presentar nuevos recursos que, entiende, «lo único que harían es generar un mayor gasto a los ciudadanos y alargar el proceso dos o tres años más».

Por el contrario, desde el colectivo vecinal se apuesta por «paralizar cuanto antes» las actuaciones «ilegales» que se están construyendo en el concejo y sustituir el planeamiento urbanístico doblemente anulado por «una redacción legal, ajustada plenamente a derecho, de un nuevo PGOU».

Responsabilidades

En cualquier caso, la agrupación ya ha advertido que llevará a cabo las pertinentes acciones jurídicas de carácter penal y civil que considere oportunas «contra las personas que permitieron la aprobación de este documento», y recordó que desde su agrupación se alertó, uno a uno, y por correo certificado, a todos los concejales del Ayuntamiento y a todos los miembros del pleno de la Cuota «de su presunta incursión en prevaricación si aprobaban, como así hicieron, el PGOU de Llanes y su texto refundido». Avall, además, está dispuesto a exigir la estricta ejecución de la sentencia pese a las consecuencias graves que ésta pudiera tener, como la posible demolición de edificios ilegalmente construidos, tal y como ocurrió en Cantabria.