De «muy negativa» a «ambigua», pasando por «claramente insatisfactoria». De «preocupante» a «poco concreta», pasando por «imprecisa». El consejero de Economía, Jaime Rabanal, tuvo que buscar ayer en el diccionario de descalificativos para encontrar los términos adecuados con que valorar la primera oferta del Gobierno central para la reforma del sistema de financiación autonómica. Dos son los principales puntos de queja del Principado. El primero, que el Ejecutivo atienda el interés de Cataluña de limitar la solidaridad de las comunidades 'ricas' con las 'pobres' sólo a los capítulos de sanidad, educación y servicios sociales. El segundo, que el reparto de los recursos económicos, sobre todo de las partidas adicionales prometidas por el equipo de Pedro Solbes, pivote casi en exclusiva sobre el criterio de población y no tenga en cuenta las variables que más interesan a Asturias, como el envejecimiento o la dispersión. «Para ir a peor, nos quedamos con lo que tenemos», concluyó Rabanal, a modo de advertencia.

El 'plan Solbes' para la financiación generó ayer un alud de reacciones, casi todas ellas negativas y buena parte de las mismas surgidas de las propias filas socialistas. La reforma de la financiación no entiende de colores políticos y el análisis de Rabanal, uno de los más duros de entre el ramillete de valoraciones de los ejecutivos autonómicos, es una buena prueba de ello. Porque el titular asturiano de Economía encontró muchas razones para la queja y pocas para el optimismo, si acaso el incremento hasta el 50% de la cesión del IVA y el IRPF.

De antemano, Rabanal lamentó la falta de concreción del documento elaborado por el Ministerio de Economía. «En esto de la financiación hay que hablar de números», reflexionó, molesto. Y, ya más en profundidad, criticó que el Gobierno haya basado su propuesta sobre las reivindicaciones que sustentan las regiones más desarrolladas. Esto es, la reducción de la solidaridad y la primacía de la variable poblacional en el reparto de los fondos.

Sobre el primer apartado, el consejero fue claro. «Es preocupante», dijo, que la plena solidaridad se garantice sólo para tres servicios básicos -sanidad, educación y no política social- pero no para el resto. Este criterio genera, a su juicio, «incertidumbre».

Recursos adicionales

Las pautas a seguir para redistribuir los fondos encrespan todavía más al Gobierno asturiano. El principal problema está en la intención del Estado de inyectar «recursos adicionales» en el sistema para ayudar a las autonomías a financiar esos tres servicios esenciales, pero repartiéndolos en función de la población de cada comunidad y del incremento registrado en los últimos años. «No aceptaremos algo así, avisó el consejero de antemano, considerando «de sentido común» que la variable demográfica se module a través de otros factores como el envejecimiento, la dispersión, la orografía o el alto coste de los servicios públicos en territorios como el Principado. Si esto no se tiene en cuenta, y además en mayor porcentaje que en el sistema vigente, «será muy difícil llegar a acuerdos», detalló.

El Ejecutivo regional tiene motivos para la preocupación. No sólo por ser una de las autonomías menos pobladas de España, sino también porque es la única que entre 1999 -fecha de referencia del actual modelo- y 2008 ha perdido población, un 0,5%. El resto han crecido, desde el 1,9% de Galicia hasta el 25,9% de Murcia o el 30,3% de Baleares.

«Tiras y aflojas»

Visto que, de toda la propuesta, Rabanal sólo 'salva' la cesión de impuestos y la garantía de suficiencia económica, ¿qué margen hay de acuerdo? «El plan inicial debe ser mejorado», indica en primer término, dado que hay que solventar «muchas incógnitas» a través de una negociación que anticipa «difícil, larga, complicada y con tiras y aflojas». En cualquier caso, Asturias tiene claro que si se toma como referencia el texto trasladado el jueves a las autonomías, las opciones son mínimas.

Porque, para el Gobierno asturiano, la clave de este rompecabezas está en obtener un modelo consensuado en el que todas las comunidades autónomas mejoren su posición actual. «No tiene sentido entrar en una reforma para empeorar; para eso, nos quedamos con lo que tenemos», argumenta con rotundidad.

Otra cuestión son los plazos. Rabanal entiende que, si se quiere alcanzar un consenso antes de final de año, el Consejo de Política Fiscal del próximo martes debería dar un sustancial avance a la negociación. El Ejecutivo central, mientras, acorta aún más los plazos. Su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, expresó el «deseo» del Gobierno de cerrar un acuerdo ya en agosto, cumpliendo así los criterios fijados en el 'Estatut' catalán. «Vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos para ello», aseguró.

De la Vega reaccionó con cierta sorpresa ante las quejas de las autonomías ante el 'plan Solbes'. Afirmó que la propuesta es «mejor y más comprometida», ya que aborda «de forma real» los problemas de las comunidades. Respecto al mayor peso que pueda tener el criterio de población, quitó hierro a las críticas de regiones como Asturias y señaló que se considerará como un factor esencial porque es algo «muy demandado», pero matizó que el Ejecutivo está abierto a incorporar «otros elementos de ajuste».