Rubén Norniella, en la zona de Sobrepiedra donde busca la fosa en la que fue enterrado su abuelo. / NEL ACEBAL
El juez Baltasar Garzón busca elementos que le permitan imputar un delito de genocidio al franquismo. Responsables de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sostienen que ese es el objetivo de la amplia investigación que puso en marcha anteayer, con la que pretende recabar toda la información necesaria para construir la única imputación que le permitiría enjuiciar a la dictadura del general Francisco Franco, no tanto para enjuiciar a sus promotores, la mayoría ya fallecidos, sino para encauzar todo el proceso de recuperación de cadáveres y resolver si, como reclaman familiares de víctimas, el Estado debe asumir alguna responsabilidad por lo sucedido en aquella etapa histórica y resarcir a los damnificados.
La Fiscalía insiste en que los delitos atribuibles a la represión franquista prescribieron con la Ley de Amnistía de 1977. Si su carácter de delitos de lesa humanidad los hiciera imprescriptibles, añaden diversos fiscales, son los jueces ordinarios quienes deberán investigar cada caso concreto, aunque recuerdan que la Ley de la Memoria Histórica ha abierto cauces civiles para resolver todas las demandas. La intervención de la Audiencia Nacional sólo sería posible, concluyen, si Garzón consigue censar un número importante de actos represivos y englobarlos todos en un único supuesto de genocidio, imputable a todo el organigrama de poder franquista con el dictador a la cabeza.
El magistrado ya lo ha hecho en los casos de Argentina, Chile o Marruecos. La estructura jurídica por él diseñada es la que permite que en la Audiencia Nacional haya causas abiertas contra supuestos genocidas de Guatemala o China, entre otros. Pero el caso español tiene una peculiaridad, y es que sólo se puede perseguir el genocidio desde que ese comportamiento es considerado delito.
Fiscales de la Audiencia Nacional obvian el debate sobre su incorporación a la legislación española y recuerdan que la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio fue aprobada por Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948, y entró en vigor en 1951. «Cualquier acto perpetrado durante la Guerra Civil o los años más duros de la represión franquista queda excluido de esta calificación, por execrable que sea», concluyen las fuentes citadas.
Respeto
La Fiscalía no ha recurrido la decisión del juez Garzón de poner en marcha una vasta recopilación de datos, y se reserva para el momento en que resuelva sobre su competencia para investigar, si lo hace en sentido positivo. Ayer, el magistrado apremió a las trece asociaciones que denunciaron las desapariciones de opositores al alzamiento militar durante y tras la Guerra Civil para que le hagan llegar cuanto antes todos los datos en su poder, «con el fin de poder resolver sobre la competencia con la mayor rapidez».
La posible apertura de una causa contra el franquismo generó ayer reacciones de todo tipo. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apostó por la cautela y evitó, porque «es lo más prudente», hacer valoraciones de la iniciativa del magistrado. Se limitó a pedir «respeto» por la actuación judicial y recordó que la Ley de Memoria Histórica «amplía y reconoce» los derechos de las personas con familiares desaparecidos o fusilados durante la Guerra Civil y el franquismo.
José Luis Rodríguez Zapatero consideró que todas las administraciones prestarán su «colaboración» al juez porque la ley así lo establece. El Ministerio del Interior fue el primero en ponerse a las órdenes de Garzón, y Alfredo Pérez Rubalcaba garantizó que cumplirá «fielmente con lo que nos ha solicitado».
El PP se situó en la otra orilla. Su líder, Mariano Rajoy, no vio con buenos ojos la pretensión del juez porque no es bueno «reabrir las heridas del pasado, lo haga quien lo haga», porque «no conduce a nada». Consideró que con la Constitución de 1978 los españoles llegaron a un acuerdo para «mirar hacia el futuro» y no volver la vista atrás.
