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Acto de homenaje a los represaliados y víctimas de la Guerra Civil en Mieres, en 2007. /J. M PARDO
Las asociaciones asturianas acogen con «prudencia» la decisión del juez
ASOCIACIÓN TODOS LOS NOMBRES MEMORIA HISTÓRICA ASTURIANA

Las asociaciones asturianas acogen con «prudencia» la decisión del juez

Sus responsables a segurán que la actuación de Garzón no aclara la «letra pequeña» y alertan de que puede quedarse en «una medida genérica»

C. M.

Miércoles, 15 de octubre 2008, 05:39

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La decisión del juez baltasar Garcín de imputar por un delito de genocidio al régimen franquista ha sido recibidio por las asociaciones de memoria histórica de Asturias como una medida «positiva» que hay que analizar «desde la prudencia». La decisión supone tan sólo la punta del iceberg de un paquete de actuaciones que tendrán que ser concretadas por el juez. «Tenemos que esperar a ver cómo se plasman y en qué se quedan», apuntó en este sentido Víctor Luis Álvarez, presidente de la Asociación de Memoria Histórica Asturiana. Para Álvarez, lo primero que pone de relieve la decisión de Garzón es «la demostración de que no sirvió para nada» la Ley de Memoria Histórica, norma aprobada por el Congreso de los Diputados en 2007 y que incluye el reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil, la apertura de fosas comunes o la retirada de los símbolos franquistas de las vías públicas, entre otras cuestiones.

En esta misma línea se pronunció Luis Miguel Cuervo, presidente de la Asociación 'Todoslosnombres'. «Es una noticia muy positiva, pero lo digo con toda la prudencia del mundo», advirtió, y recordó que los abogados de la asociación -la única del norte de España que se encuentra entre las siete que actuarán como acusación particular en el juicio- «aún no conocen al detalle la decisión del juez», que les fue comunicada por escrito directamente.

Una «esperanza»

Aún así, Luis Miguel Cuervo recordó que los familiares de los asturianos represaliados durante la Guerra Civil llevan «70 años esperando» un paso semejante y, por lo tanto, la resolución judicial «se abre como una posibilidad y una esperanza» de que se haga justicia. Por otro lado, quiso trasladar a los familiares de los represaliados durante la contienda un mensaje tranquilizador. En las tres semanas previas a 'cerrar' la base de datos con los nombres de los represaliados, «recibimos casi 1.500 casos más», argumentó, razón por que la que esperan que, como acusación particular, puedan mantener abierto este censo «durante lo que dure el juicio».

La reticencia de las asociaciones a tomar la decisión del juez Baltasar Garzón como el inicio de un proceso que dé respuestas a años de trabajo se debe a «las contradicciones» en de la propia administración. A juicio de Víctor Luis Álvarez, dentro del propio Gobierno y de la Fiscalía «existen voces que no están de acuerdo» en llegar hasta el final en la recuperación de la memoria histórica. En este sentido, apuntó Álvarez, «confío mucho más en el derecho internacional» que en la legislación española. La decisión del Gobierno de poner a disposición del magistrado el Instituto de Toxicología para identificar a las víctimas es «positivo», pero, señaló, «hay multitud de facultades de Medicina dispuestas a hacerlo desde hace tiempo», criticó, para recordar luego el papel de la Universidad de Oviedo en todo el proceso de identificación de represaliados.

Por otro lado, Luis Miguel Cuervo manifestó la intención de la Asociación Todoslosnombres de llegar «hasta donde podamos» en el proceso judicial. Resaltó, no obstante, que afrontar el proceso requiere un desembolso «cuantioso» y que la intención de ese grupo es que ningún caso se quede fuera del proceso, algo que requiere de la unión de todas las entidades.

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