El comité de Naval Gijón pide explicaciones por 9,7 millones que adeuda una empresa filial

El comité de empresa de Naval Gijón ha pedido explicaciones a la dirección del astillero por los 9.718.552 euros que adeuda la compañía Pesquier Navegaçao Sociedade Unipessoal Ltda. a la factoría gijonesa. Pesquer Navegaçao Sociedade Unipessoal es filial 100% de Naval Gijón y esos 9,7 millones han sido provisionados como pérdidas del astillero. Así consta en el informe que han presentado los representantes de los trabajadores a la Dirección General de Trabajo del Principado, en el que exponen sus alegaciones al expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la dirección del astillero. El ERE incluye la prejubilación de 57 trabajadores y el despido de 44.

El presidente y el secretario del comité, José Luis Iglesias y Hermógenes García, respectivamente, presentaron el escrito el martes en el organismo autonómico. En el informe, los representantes de los trabajadores advierten de que la documentación aportada por la dirección al comité para iniciar el ERE es insuficiente. Por este motivo, han solicitado al director general de Trabajo, Antonio González, que paralice el inicio del periodo de consultas.

El primer argumento que ofrecen los sindicatos es que, en la solicitud de ERE, Naval Gijón no especifica la fecha de inicio de extinción de contratos. Asimismo, sostienen que, al haber justificado Naval Gijón el ERE por razones económicas, «la memoria explicativa deberá estar debidamente auditada para acreditar el estado y evolución de la situación económica, financiera y patrimonial de los últimos tres años». Según recuerdan los sindicatos, la ley vigente establece que, cuando se solicita un ERE por razones económicas, las cuentas de los últimos tres años deben de estar auditadas y registradas y, en el documento, según afirman, no figuran. Fuentes a las que ha tenido acceso este diario sostienen que «las cuentas de 2005 y 2006 se han sometido a auditoría, pero los auditores no las han dado de paso».

Los representantes de los trabajadores añaden que los datos que aporta la compañía son «unas denominadas cuentas anuales e informe de gestión de los ejercicios económicos de 2005, 2006 y 2007, firmadas exclusivamente por el administrador único de la sociedad, sin poder comprobar si coinciden con las auditadas y, desconociendo, además, si fueron registradas» en el el Registro Mercantil. Además, las cuentas de 2007 entregadas «no están aprobadas por la junta general de accionistas y tampoco se han aportado las del año 2008».

Otro de los defectos que ha encontrado el comité es que, al justificar la empresa el ERE por razones productivas, «debería acompañar los planes, proyectos e informes técnicos que justifiquen las causas alegadas como motivadoras de despido».

Prejubilados «indefensos»

En lo que respecta a las prejubilaciones, los sindicatos dicen que «no aceptan de ningún modo que el plan quede condicionado a las ayudas por parte de las administraciones públicas», puesto que, en tal caso, estarían «ante una total indefensión». En este sentido, piden que se aclare «qué sucedería en el caso de que tales ayudas no llegaran a percibirse».

Otra de las alegaciones hace referencia al accionariado de Naval Gijón. Según el comité, la empresa recuerda que los títulos corresponden a Astilleros Asturianos S. L., pero no especifica quiénes son. Los sindicatos creen que «debería hacerlo a afectos de la existencia de un grupo de empresas».

Astilleros Asturianos está formado por Barreras, Vulcano, Freire, Astilleros de Huelva y los vascos Balenciaga y Zamakona. La razón por la que debería clarificar la existencia de un grupo de empresas es «por el conocimiento de las gestiones con Factorías Juliana -propiedad de Vulcano y accionista, a su vez, de Astilleros Asturianos, titular de Naval Gijón- para la incorporación de trabajadores de la empresa, y la existencia de prestamismo laboral con alguna otra empresa de Astilleros Asturianos (dos empleados de Naval Gijón están desplazados a Astilleros de Huelva)».

En su opinión, si se reconociera a este grupo, se podría aminorar el impacto social de la extinción de contratos.