La Guardia Civil detiene en sólo un año a 600 asturianos por conducir con exceso de alcohol

Margarita Uría, diputada en el Congreso de lo Diputados por el PNV, intentó frenarla. Dijo que aquella era «una reforma precipitada y sin datos que la justificaran». Sin embargo, los 180 votos a favor emitidos por PSOE y CIU fueron suficientes para que el 2 de diciembre de 2007 imperara una nueva ley sobre los conductores. El endurecimiento de las normas obliga a los agentes de la Guardia Civil a detener a todo aquel que circule con una presencia de alcohol superior a los 0,6 miligramos por litro de aire respirado, tasa que sobrepasaría cualquier hombre de 70 kilos con sólo ingerir más de tres cervezas.

Ahora, un año después de su entrada en vigor, la reforma sí ofrece datos concluyentes. Según los registros de la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias, las carreteras asturianas han sido el escenario en el que se apresó a 600 conductores por exceder los límites de alcohol permitidos.

Todos ellos han pagado su exceso de confianza al volante. En los casos más benévolos, los pilotos vieron cómo la ingesta etílica les llevaba hasta comisaría, y de allí a una tensa espera hasta poder declarar ante el juez. En la sala entraban ya como acusados por un delito para el cual el Código Penal reserva una multa de 90 a 180 días, la retirada de carné entre uno y cuatro años e, incluso, de tres a seis meses de prisión para los que reincidan en el delito.

En todo caso, el peor expediente lo firman 135 pilotos a los que la Guardia Civil obligó a pasar por el alcoholímetro tras acabar envueltos en un accidente. Según admiten los responsables de Tráfico, el alcohol y el exceso de velocidad están presentes en más de la mitad de los accidentes de circulación.

A 195 kilómetros por hora

La reforma del Código Penal también afectó a este último supuesto. En la Jefatura Provincial de Tráfico anotan cada detenido por exceso de velocidad y el lugar donde se localiza la imprudencia para poder mejorar luego la distribución de radares y patrullas.

De momento, la palma se la lleva la A-8. Cuatro de los nueve casos más graves de exceso de velocidad se produjeron dentro de los cerca de 170 kilómetros que, de momento, componen la autovía del Cantábrico a su paso por Asturias. El récord lo ostenta un piloto que pisaba el acelerador a 195 kilómetros hora en un tramo donde el límite era de 80.

Pero en el mapa de Tráfico existe otro fragmento singular por su alta incidencia en un espacio relativamente pequeño. Es la GJ-81, la autopista de acceso sur a Gijón, que une la Plaza del Humedal con la Ronda Sur. En esos cuatro kilómetros se han localizado dos de los nueve casos más destacados del último año: un conductor que circulaba a 193 kilómetros hora y otro que iba a 161, siendo la velocidad permitida de 80.

Pese a estos casos, el primer aniversario de la reforma también constata que sus resultados no han sido tan fieros como algunos anunciaron. Desde la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) cifraban en 50.000 los conductores que podrían acabar cada año en prisión. Otros colectivos alertaron en el mismo sentido de que «las prisiones se van a llenar de conductores».

La realidad, sin embargo, ha sido bien distinta, por lo menos en lo que respecto al penal asturiano de Villabona. Tras sus muros hay 23 internos por cometer delitos de tráfico, «pero todos cuentan con penas dictadas hace más de un año», matizan desde la dirección penitenciaria. Son la avanzadilla, al decir de los expertos: la reforma que cumple ahora doce meses envía a presidio «a los reincidentes, y a esos los vamos a empezar a ver a partir de ahora».