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Sociedad

El Tribunal de Justicia de la UE condena a España por no controlar la pesca ilegal

La sentencia destaca que no son adecuadas ni la plantilla de vigilancia ni las sanciones a los infractores

E. C.

Martes, 23 de diciembre 2008, 04:09

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó ayer a España por no controlar adecuadamente la pesca en su territorio y en las aguas marítimas sometidas a su soberanía o jurisdicción, y en especial el desembarco y la comercialización de pescados de talla inferior a la reglamentaria. La sentencia señala que España no destina los medios humanos necesarios para la inspección del ejercicio de la pesca y no castiga adecuadamente a los infractores.

El dictamen da la razón a la Comisión Europea, que a raíz de una denuncia y de cuatro visitas de inspección efectuadas en la zona del golfo de Cádiz entre los años 2000 y 2004 llevó a España ante el tribunal por vulnerar la legislación comunitaria en materia de pesca.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia examina en primer lugar la alegación de la Comisión según la cual el sistema nacional de control e inspección del ejercicio de la pesca carece de eficacia. Su conclusión es que las cifras y los hechos aportados por Bruselas demuestran «la inexistencia de un sistema eficaz de control e inspección del ejercicio de la pesca» y, por consiguiente, «el incumplimiento por parte del Estado miembro en cuestión de su obligación de garantizar la eficacia de dicho sistema».

En segundo lugar, el tribunal analiza si, tal y como lo sostiene la Comisión, los medios humanos necesarios para el control y la inspección del ejercicio de la pesca son insuficientes. A este respecto, constata que la Administración General del Estado disponía en la provincia de Cádiz de cuatro inspectores de pesca marítima en actividad en los años 2004 y 2005.

Además, observa que dicha Administración contaba en la provincia de Huelva con tres inspectores justo hasta mediados de 2005, cuando se redujeron estos efectivos a dos personas.

Teniendo en cuenta que la Comisión había constatado y España había reconocido que el desembarco y la comercialización de pescados de talla inferior a la reglamentaria constituye una práctica extendida en Huelva y Cádiz, el Tribunal de Justicia considera que este número de inspectores contratados por el Ministerio de Pesca en la zona del golfo de Cádiz no podía considerarse suficiente para garantizar una inspección y un control eficaces.

Por lo que respecta a la segunda imputación de la Comisión, según la cual España no ha hecho lo suficiente para sancionar a los infractores, el Tribunal de Justicia constata que la subdelegación del Gobierno de Cádiz sólo inició 36 procedimientos de sanción durante los años 2000 a 2005 y la subdelegación del Gobierno en Huelva, 35.

Además, sólo en 53 de los 479 expedientes tramitados durante los años 2000 a 2005 por la Junta de Andalucía, la actuación tuvo como resultado que los alevines no llegaran al mercado.

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