Balance de cinco años verdes

Cinco años después, las posturas son tan irreconciliables como aquel 7 de febrero de 2004 en que Gijón se llenó de camisetas verdes. Pedro Sanjurjo no estaba al frente de Urbanismo, sino Jesús Morales, blanco de las críticas vecinales y a quien Sanjurjo describe como «una referencia de cómo hacer gestión urbanística». El ahora responsable del área destaca el «coraje» que tuvo el equipo de gobierno al sacar adelante el plan de Roces y tramitar el PGOU «atendiendo a las necesidades de la ciudad, sin dejarse llevar por las medidas de presión».

El recuerdo no es el mismo en la otra parte. Carmen Suárez fue portavoz de la plataforma en defensa de la zona rural, creada cuando en la federación Les Caseríes no había acuerdo sobre la necesidad de salir a la calle. Ahora es presidenta de la asociación vecinal de Vega. Ana García colaboraba en aquella plataforma y ahora es miembro de la directiva de Roces. Simón Junquera no ha dejado de trabajar en la asociación de San Andrés de los Tacones. Y Tino Álvarez asumió en medio de aquella tormenta la presidencia de Les Caseríes. Todos coinciden en los logros de aquel movimiento vecinal. Como «darnos cuenta de la fuerza que tiene la unión». Y «llegar a muchos vecinos, no sólo de la zona rural». Y «poner en entredicho cosas que nos vendían como verdades universales». Y, por supuesto, «evitar la destrucción de Vega, las expropiaciones en Jove, aminorar un poco el atropello a los vecinos de Roces e incrementar el porcentaje de vivienda protegida».

Se dan por satisfechos con cosas como que «nos hayan dado la razón en la reclamación del fomento del alquiler». Por contra, no lograron «que todo el suelo público se destine a vivienda protegida, ni que todas las actuaciones incluyan este tipo de viviendas. Dos días después de la marcha verde se retiró el porcentaje reservado para pisos de protección en Viesques, por ejemplo».

Inicio de otras luchas

Coinciden al afirmar que «el plan no estaba destinado a atender las necesidades de vivienda, sino los intereses de los constructores, que son los que realmente diseñan la ciudad». Como están de acuerdo al señalar que «pervierten la vivienda protegida, porque es la propia izquierda plural la que acuerda subidas desmesuradas de su precio». Aquella lucha fue el incio de otras, como la que aún mantiene San Andrés contra la ZALIA, que volverá a llevar a sus vecinos a Bruselas y a los juzgados.

Sin duda, aquello les proporcionó experiencia «para luchar contra la Administración», algo que ahora intentan aprovechar en la revisión catastral, con la que Álvarez es muy crítico. «Nada va a mejor. De momento no hay movilización, ya veremos cuando toque pagar». Lamenta que «en la zona rural, no se termina un problema y ya tienes tres más». Entre los sinsabores están también historias personales, como las de los expropiados, a quienes «quitaron sus raíces y algunos no han sabido llevarlo». A pesar de todo, lanzan «un enorme agradecimiento a todos los que nos ayudaron».