El PSOE propone el aborto libre hasta las 14 ó 16 semanas de gestación

La futura Ley del aborto será de plazos, pero aún queda pendiente fijar el límite de semanas para abortar libremente en el tramo inicial del embarazo. El PSOE ha dejado en manos del Gobierno la fijación de ese plazo, al no referirse a ninguno concreto en las conclusiones que presentó este jueves ante la subcomisión parlamentaria que ha estudiado durante casi seis meses la modificación de una ley que ha cumplido veinte años. Con todo, son muchas las fuentes -incluida la oposición- que sitúan entre las 14 y las 16 semanas el plazo en el que se podrá interrumpir libremente el embarazo. Todo indica que ese será el límite que contemple la futura Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Los expertos que asesoraron al Ejecutivo propusieron también un periodo máximo de 14 semanas para abortar sin justificación y de 22 para determinados supuestos.

Una propuesta a la que se opone frontalmente el Partido Popular (PP), que la calificó de «barbaridad» y que ha anunciado su intención de recurrirla ante el Tribunal Constitucional cuando la disposición gane rango de Ley. Izquierda Unida (IU) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) juzgan insuficiente ese plazo, que calculan también que estará entre las 14 y las 16 semanas, y reclaman un plazo superior a las 20 semanas para abortar libremente. Por ello anunciaron que, como el PP, mantendrían su voto particular en las conclusiones que la subcomisión puso en común y votó ayer. Sobre esas conclusiones, basadas en los testimonios de una treintena de especialistas, y junto al informe que elabore el Ministerio de Igualdad, trabajará el Gobierno para diseñar la futura IVE, una ley que será de plazos e indicaciones.

A pesar de la inconcreción del Grupo Socialista, se sabe que el Gobierno baraja que el plazo para el aborto libre esté entre las 14 y las 16 semanas. A partir de ahí, y con un límite de 22 semanas, sólo se podrá abortar en situaciones excepcionales. Aunque tampoco figura deliberadamente, este plazo de 22 semanas será el aplicable para casos de malformación del feto y de grave peligro para la salud física o psíquica de la mujer. Esto supone una de las grandes novedades de la propuesta ya que la legislación actual no establece ningún límite para abortar si se alegan riesgos psíquicos, el supuesto al que más mujeres se acogen. La propuesta tampoco se refiere expresamente a la posibilidad de abortar en cualquier momento de la gestación si se diagnostica que el feto no es viable, tal como recomendaba el informe.

La práctica del aborto quedará, según la propuesta socialista, supeditada al consentimiento expreso de la mujer o de su representante legal. Lo llevarán a cabo profesionales sanitarios, bien en centros públicos, bien en privados acreditados. Las mujeres que opten por abortar contarán con información precisa «objetiva, neutra y con base científica» sobre la intervención y sobre las alternativas y ayudas sociales si decidiera llevar a término su embarazo.

El informe del PSOE propone que la edad mínima para decidir libremente sobre la interrupción del embarazo sea de 16 años -la misma 'autonomía de decisión' que contempla la Ley de Autonomía del Paciente para donación de órganos o aceptación de tratamientos de quimioterapia- y que en casos entre los 12 y los 16 años se escuchará a la menor pero la decisión será de los padres y tutores.

Se insta además al Gobierno a incluir una nueva reglamentación en el marco de una ley sobre derechos y salud sexual y reproductiva en el ámbito de la salud pública que incluya la despenalización del aborto. Se pide que el aborto deje de ser delito tipificado en el Código Penal -lo será sólo cuando se realice en contra de la voluntad de la mujer- y se derogue el artículos 417 bis del código que establece tres supuestos de despenalización: peligro para la salud, violación, y riesgo de malformación. La nueva Ley haría innecesaria la mención de la violación como causa para abortar. Por activa y por pasiva se le preguntó a la diputada socialista y portavoz de igualdad del POSE, Carmen Montón, cuál sería el plazo más plausible. No soltó prenda -«sería precipitado, dijo»- y se limitó a decir que la ley de plazos «tendrá encaje en la Constitución» y que el plazo será acorde al que contemplan legislaciones de países de nuestro entorno. «Hay un horquilla en Europa que va de las 10 a las 24 semanas» destacó, insistiendo en la necesidad de consenso.

El informe reclama la regulación de la objeción de conciencia. Concreta que debe reservarse a profesionales que intervengan en el acto clínico del aborto y «que no se acojan a ella de forma global las instituciones». En ningún caso podrá ser invocada por los centros sanitarios ni por celadores, analistas o anestesistas que no intervengan.