Magnitudes

EN la web del Ayuntamiento de Gijón podemos ver la evolución en estos últimos 10 años del presupuesto consolidado (es decir, unificado) de todo el sector público de la ciudad: de 180 millones de euros en 1999 hemos pasado, en 2008, a uno casi duplicado de 314.

El Ayuntamiento ha crecido en servicios hasta convertirse en el mayor empleador del municipio, asumiendo (como la mayor parte del sector local español) el ejercicio de competencias que no le son propias. En una situación como la de esta última década, la administración ha tratado ingresos extraordinarios como recurrentes, percibiendo lo que era una situación excepcional del mercado inmobiliario como la normalidad. La capacidad recaudatoria en el ámbito local permanece limitada por el artículo 142 de la Constitución y por la Ley de Haciendas Locales, regulación insuficiente para asumir los compromisos futuros de estas administraciones.

Las fuentes de ingresos de un ayuntamiento, fuera de los excesos urbanísticos, son limitadas. Simplificando: transferencias del Estado o la Comunidad, tributos propios o deuda. Vista la situación económica actual y la previsible inestabilidad política futura, fiar la financiación a las aportaciones del gobierno central puede ser un riesgo. Aunque es entendible que al calor de la situación excepcional los ayuntamientos proyectaran diseños de envergadura quizás excesiva, no parece muy realista mantener una proyección tan ambiciosa cuando las circunstancias han cambiado de manera drástica. El realizado megaproyecto madrileño de la M-30 se licitó en 2005 en 1.334 millones, un compromiso del 22% ya que el presupuesto de la capital española es de 6.115. No olvidemos que el nivel de compromiso en el plan de vías alcanza los 130 millones de euros, un 41% del presupuesto de Gijón.