El 72% de las inmigrantes que piden ayuda por sufrir maltrato son ilegales

Gracias a las últimas rebajas, muchas mujeres habrán aprendido cuál es el teléfono de atención a las maltratadas: parte de los establecimientos asturianos instalaron en los probadores unas pegatinas que, aprovechando el espacio de intimidad de los cambiadores, publicitan la existencia del teléfono de ayuda 016. Es una estrategia más entre las políticas que intentan romper el muro de ideas y afectos que a veces impiden a una mujer denunciar lo que padece dentro de su hogar. El cerco es complicado para todas, pero especialmente para la inmigrante en situación irregular. «Le tienen tanto miedo a su agresor como al policía, en el que no ven una solución sino el camino a la deportación», comenta Mara do Santos, presidenta de la asociación de mujeres inmigrantes Las Golondrinas de Mieres.

Ese temor existe contra una realidad donde son escasos los casos de expulsión de extranjeras ilegales tras acudir a denunciar una agresión. En otras comunidades sí se registran este tipo de deportaciones, pero en Asturias se combina una cierta permisividad con el uso de resquicios legales que retrasan toda orden de expulsión.

«Llevo trabajando con ellas desde el año 2000 y, la verdad, no conozco ningún caso de deportación», confirma Joanna Magdalena, coordinadora de la red de casas de acogida a mujeres maltratadas que gestiona la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Por esos 22 pisos que gestiona Magdalena han pasado casi 3.000 mujeres desde 2002, un colectivo donde las extranjeras son notables. El año pasado, una de cada tres demandantes de auxilio era inmigrante. De ellas, el 72% carecía de permiso de residencia. «Esa falta de seguridad y autonomía hace que sufran una doble victimización, por eso es deseable que se les dé un soporte legal que impida la mera posibilidad de expulsión», plantea Magdalena.

Anteproyecto de ley

En ello está el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A finales de 2008 propuso un anteproyecto de reforma de la ley de extranjería. Una de las modificaciones que plantea permitiría a las extranjeras que denuncian «obtener la autorización de residencia desde el momento en que se hubiera dictado una orden de protección en favor de la misma». Ese permiso bastaría también para poder trabajar legalmente.

De momento la reforma ya ha cosechado la censura del PP, para quien el anteproyecto «es un parche» que «puede convertirse en un nuevo coladero», según alertó la comisión de inmigración de los populares.

La opinión de los colectivos inmigrantes es justo la contraria. «Es una medida imprescindible que llevamos demandando mucho tiempo porque sin ella, los malos tratos a ilegales quedan fuera, sin luz ni ayuda», lamenta Mara do Santos. «Además de anunciarla, tienen que darle mucha publicidad porque lo que necesitamos es que las mujeres se la crean, que vean a otras dar el paso de la denuncia y que no les pasa nada».