¿Delictivo?

ESPAÑA ha producido, a consecuencia de la judicialización de la política, una identificación total entre delito y responsabilidad. Esta autóctona y dañina adscripción ha generado alcaldes imputados que sin empacho disfrutan de su puesto, concejales condenados clamando que su sentencia no es firme y funcionarios declarando «no hay nada penal» de sus actos. ¡Señores, incorrecto e ilegal no son sinónimos en la vida pública! Dos apuntes jurídicos: nosotros como particulares hacemos y deshacemos con libertad con el único límite de lo ilegal. Esa es la vinculación negativa en derecho; a la administración se le exige lo contrario como garante del interés general, sólo puede actuar si la norma lo permite: esa es la vinculación positiva. Es decir, políticos y funcionarios no son libres en su actividad como el resto de ciudadanos. Por si fuera poco, uno de los principios éticos del reciente Estatuto que regula a los empleados públicos señala 'No contraerán obligaciones económicas, patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público'.

¿Quién debe depurar responsabilidades? En primer lugar quien gobierna el Ayuntamiento. También la oposición, quien tendría que haber investigado. Prensa y sociedad civil y, por último, la fiscalía. El Ayuntamiento está obligado a averiguar los movimientos de compraventa de esos y otros terrenos, no puede simplemente remitir unos artículos periodísticos al sistema judicial. Como sociedad civil debemos exigirles más a unos políticos acostumbrados a la «gratuidad» de sus comportamientos. Sería injusto que los tiempos duros que se avecinan sólo lo sean para algunos.