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JUAN GARCÍA
Martes, 7 de abril 2009, 05:03
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El Ayuntamiento de Ribadesella prohibirá la venta y el consumo de alcohol en la vía pública a través de la nueva Ordenanza para la Convivencia y el Ocio en los espacios públicos de la villa que pretende aprobar este mes. Su borrador fue presentado ayer por el alcalde en la comisión informativa de seguridad ciudadana y los tres grupos políticos de la corporación municipal -PP, PSOE e IU- le dieron el visto bueno para su debate en la próxima sesión plenaria, que podría celebrarse el 29 de abril. «Pretendemos regular el derecho al descanso de todos los ciudadanos y preservar sus derechos en todos los niveles», dijo el alcalde, el socialista Ramón Canal. Por ese motivo se ha decidido prohibir la venta y el consumo de alcohol en la vía pública salvo en terrazas, cenadores y lugares expresamente autorizados.
También quedarán exentas las manifestaciones populares debidamente autorizadas, así como las fechas y fiestas patronales o populares. «No se va hacer efectiva en Piraguas, aunque sí se prohibirán aquellas actividades que se publiciten para incitar al consumo de alcohol a menores de dieciséis años», añadió Canal. La nueva ordenanza podría parecer una Ley contra el botellón, pero el alcalde negó esa circunstancia, «porque también servirá para actuar contra el vandalismo callejero, la rotura del mobiliario urbano o los graffiteros».
Multas de 1.500 euros
No obstante, la normativa prohibirá las concentraciones de personas en la vía pública cuya conducta altere la normal convivencia ciudadana. «El derecho de reunión seguirá existiendo, pero si ello conlleva molestias y actividades ruidosas que alteren la tranquilidad de los residentes tendremos que prohibirlas», afirmó el regidor. Será con la ayuda de las fuerzas del orden, que quedarán facultadas para disolver encuentros de ese tipo. Aunque la ordenanza «no tiene carácter recaudatorio», según el alcalde, sí establece un régimen de sanciones que van desde los 50 a los 1.500 euros.
Será la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento la encargada de establecer la graduación de la falta cometida y los fondos que se obtengan se destinarán preferentemente a actividades de ocio alternativo. Las sanciones económicas siempre podrán ser sustituidas por trabajos a la comunidad, aunque primero habrá que abonar los destrozos y daños causados al mobiliario público.
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