07.04.09 -
Dependencia de la vieja residencia que será reconvertida en 102 minipisos para jóvenes. / E. C.
Los 102 apartamentos que el Principado tiene previsto habilitar en la Universidad Laboral, hoy Ciudad de la Cultura, se pondrán en marcha en mayo. Y lo harán pese a la denuncia presentada por el Partido Popular y que se ha traducido en una investigación del juzgado número 2 de Oviedo, que el pasado 26 de marzo envió a la Policía Judicial a las oficinas de Vipasa para llevar al juzgado el expediente completo de la obra gijonesa.
El director general de Vivienda, Manuel González Orviz, explicó que la denuncia presentada por el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons «no afecta a la adjudicación de las obras» y, aunque rechazó hablar «de una investigación en curso», aseguró que los trabajos «comenzarán en mayo».
De hecho, esta misma semana está previsto que la empresa Procoin (Proyectos, Construcción e Interiorismo, S. A.), adjudicataria de las obras, firme el acta de replanteo «que ha tenido que ser retrasada, debido a que había que actualizar el proyecto para incorporar el código técnico de edificación acústica». La firma, no obstante, tendrá lugar «después de Semana Santa», con el objeto de que los trabajos «comiencen, como muy tarde, el próximo mes de mayo».
Para jóvenes y visitas
Procoin tendrá, desde el momento en el que firme el acta de replanteo, 16 meses para concluir unos trabajos largamente esperados por la comunidad universitaria gijonesa, ya que los minipisos de la Laboral serán los primeros para jóvenes que se habilitan en el entorno del campus.
Es decir, para el curso 2010-2011, un total de 81 apartamentos, de entre 33 y 45 metros cuadrados, estarán a disposición de jóvenes menores de 35 años. Los 21 minipisos restantes, hasta completar la cifra global de 102 que serán habilitados en la Residencia Norte de la Laboral, estarán a disposición de la Ciudad de la Cultura, para uso de los visitantes del centro, ya sean artistas o conferenciantes.
En total, el Principado invertirá 4,6 millones de euros en recuperar para el uso unas instalaciones abandonadas desde hace años. Los usuarios pagarán por su uso una renta inferior a los 300 euros al mes.
