No discuten la decisión de los jueces, pero sí a quien la ha reclamado. Los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, reaccionaron ayer con furia contra los promotores de la sentencia que anula la carrera profesional. Justo Rodríguez Braga y Antonio Pino, secretarios generales de ambas centrales, admitieron ayer en una rueda de prensa conjunta que eran conocedores tanto de los vacíos legales como de las desigualdades del sistema que promovía el Principado, pero interpretan la sentencia como un torpedo a su estrategia de subsanar los fallos mediante la negociación.
Ambos subrayaron que, mientas esas deficiencias se iban corrigiendo, 14.000 empleados públicos cobraban ya unos complementos salariales que ahora cesarán. «Estamos ante una gran irresponsabilidad; da la sensación de que quienes presentaron la demanda van más en contra de los sindicatos mayoritarios que de la idea de que todo el mundo que quiera siga cobrando», acusó Justo Rodríguez Braga.
El líder de UGT trató de tranquilizar a los empleados públicos avanzando que «en el menor tiempo posible vamos a restablecer una negociación para poner en marcha la carrera profesional». El objetivo de ese debate será que «ningún trabajador se quede atrás», informó Rodríguez Braga.
Más explícitos se mostraron en CC OO. «Es que desde un discurso sindical no se entiende que quien dice defender a los trabajadores impulse una iniciativa jurídica que paralice esas retribuciones», lamentó Antonio Pino. Para el líder de CC OO, los sindicalistas de CSI, CSIF, Suatea y USO -las cuatro centrales que han buscado el amparo del TSJA- «deberían haber sido corridos a gorrazos por los trabajadores de la Administración pública porque flaco favor les han hecho».
«¿Cómo puede un sindicato darle prioridad a la pureza jurídica frente a los intereses de los trabajadores?», se cuestionó Antonio Pino antes de sentenciar que esa filosofía «es algo impresentable».
La postura del líder de CC OO no concuerda con la que el martes mostró José Antonio Piquero, de la federación de Enseñanza del mismo sindicato. El representante de los docentes emitió un comunicado en el que a quien responsabilizaba del revés jurídico era a la consejera de Administraciones Públicas, hasta el punto de señalar que «es imprescindible la dimisión o cese inmediato» de la misma.
Ilegalidad electoral
Entre la parte demandante, el sindicato USO terció defendiendo la sentencia del TSJA como «el resultado lógico y esperado». Para la central, el Principado se precipitó aprobando los pluses vinculados a la carrera profesional por «interés electoralista», pese a que suponía «un manifiesto incumplimiento de la legalidad vigente». «A Vicente Álvarez Areces se le calentó la boca en un acto propagandístico en busca de un puñado de votos», exponen.