Asturias
El recurso planteado por Anpe al Tribunal Supremo paraliza la anulación del modelo mientras los jueces revisan el conflicto
26.06.09 -
Han pasado ya diez días desde que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) declaró que «carecen de soporte legal» los pluses de hasta 216 euros que recibían 14.000 empleados públicos. En ese tiempo han hablado el Gobierno, la oposición y, al menos, siete sindicatos. Unos piden dimisiones, otros plantean si los funcionarios deberían devolver los casi 51 millones que han percibido en complementos durante los dos últimos años. Sin embargo, el resultado más inmediato es que el mes que viene en las nóminas seguirá apareciendo el tan discutido 'pago a cuenta'.
La resolución de la sala de lo Contencioso-Administrativo tenía todos los visos de convertirse en definitiva el próximo martes. El Principado anunció su intención de no recurrirla por miedo a que el Tribunal Supremo sí acabara obligando a los 14.000 empleados a devolver el dinero percibido gracias a un sistema declarado «anulable». Sin embargo, el sindicato Anpe, una de las trece partes implicadas en el fallo del TSJA, ha dado ya ese paso.
La paradoja ahora es que aunque el Principado dijo en su día que «acataría» la sentencia, el recurso de Anpe le impide materializar esa intención. Según ha podido saber EL COMERCIO, las próximas nóminas de los 14.000 empleados también incluirán el pago a cuenta.
«Es la consecuencia del recurso de Anpe, que deja en suspenso el fallo del TSJA», expone el abogado Manuel Rodríguez Alonso. «De momento, es como si nada hubiera ocurrido», abunda.
¿Cuánto tiempo durará ahora esa calma chicha? Por lo menos hasta que el Supremo decida si admite o no a trámite el recurso de Anpe. Sobre esta posición, los juristas consultados tienen sus dudas. «Es que hay mucha jurisprudencia según la cual este asunto puede considerarse un problema de personal, y en esas cuestiones no están admitidos los recursos de casación», apunta un asesor de la Administración. En todo caso, los expertos estiman que el Supremo tardará en decidir si revisa el caso «entre uno y seis meses».
El recurso ante el Supremo «sirve para ver la verdadera cara del Principado», defiende Gumersindo Rodríguez, presidente de Anpe. Este sindicalista temía que el Principado estuviera escudándose en el fallo del TSJA para «ahorrarse un dinero que no le viene nada mal».
Sin embargo, el recurso de Anpe cambia las cosas. La sentencia del TSJA -aunque esté firmada con la unanimidad de los once magistrados-juez del Contencioso-Administrativo- ya no basta para anular los complementos. Ahora, para que el Principado interrumpa los pluses, debería firmar una resolución anulando por propia voluntad el pago a cuenta, un extremo que de momento se descarta.
La paradoja es que en este pulso jurídico hay una cuestión que tienen clara todos los actores implicados: con toda probabilidad, si el Supremo revisa la causa, volverá a anular los pluses. Es decir, que esa nueva sentencia podría llegar dentro de tres años, obligando a devolver unos emolumentos que, para entonces, alcanzarían la suma de 105 millones de euros.
Ese es el escenario que pretendía evitar el Principado y por lo que declinó recurrir al Supremo. El recurso de Anpe funciona por tanto como una bomba de relojería sobre las Administraciones, a las que obliga a acelerar los trámites necesarios para sacar esas dos normas que legalicen definitivamente los pluses. Es una carrera del impulso político contra la Administración de Justicia. De momento, los primeros ya han reaccionado: el Ministerio de Educación ha convocado a los sindicatos el martes para reactivar la negociación del Estatuto Básico del Docente, una de las leyes que faltan. «Es lo que queríamos, darle tiempo al Principado para que resuelva el problema», afirma Gumersindo Rodríguez, presidente de Anpe.
La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, declaró ayer que «respetamos la libertad sindical para que cada uno haga lo que estime oportuno».
