HACE no mucho asistimos a las Elecciones Generales al Parlamento Europeo. Una vez los comentarios de primera lectura se han despachado conviene, según creo, reparar en otros aspectos de interés que suscitan. Entre todos ellos me atrevo ahora con lo relativo al sistema electoral español, que tan sorprendentes resultados ofrece.

La democracia se funda en dos principios esenciales: cada persona tiene un voto y todos los sufragios valen lo mismo. El hecho de que determinados sistemas hagan obligatorio participar en las elecciones no transforma el escenario, aunque resulta de muy dudosa conveniencia en nuestro país. Con todo, arroja muy elocuentes datos acerca del desaliento que la política partidista cosecha en las masas, a cuyo servicio dice fundarse. A mi juicio, una fórmula de dichas características necesita el complemento de que los votos abstencionistas tengan su oportuno reflejo en el hemiciclo, vacío en proporción adecuada con su porcentaje. No pocas personas abogan por esta idea, que solo es válida para las papeletas en blanco emitidas. Así sabríamos el auténtico sentido de la creciente desidia, que no puede obviarse como fenómeno neutro. Es decir, la democracia parlamentaria requiere participación libre y universal en los comicios por cualquier ciudadano en pleno uso de sus derechos constitucionales, e igualdad de todos ellos en su decisión política. El elemento clave que traduce a términos numéricos la representación política es la circunscripción electoral, o espacio geográfico en que se vertebra.

Entre las ideas básicas que promueve UPyD destaca la reforma del sistema electoral español. También Izquierda Unida parece haber despertado tardíamente a la pesadilla de un modelo como el nuestro, que muestra deficiencias profundas en cuanto a que cada voto valga igual. Su denuncia tiene, sin embargo, un resabio anacrónico, estableciendo como pilar del régimen el principio de 'un hombre un voto', cuando mejor sería decir una persona un voto, pues dicha fórmula pertenece a la época de superación del voto restringido, pero excluyendo en todo caso a las mujeres. En aquella época, elegían sólo los varones que cumplieran ciertos requisitos de propiedad, en ficticia garantía de su libre decisión. Una vez superado el filtro censitario, la tenaz lucha de las sufragistas obtuvo el carácter universal de la participación, aunque curiosamente topara en España con la resistencia de los partidos de izquierda, que se opusieron a la igualdad de derecho para conservar el predominio político, a su parecer en riesgo por el sufragio femenino vaticinado conservador por naturaleza. Este criterio supuso, además de alarde machista, un verdadero ejercicio de miopía social y falta de perspectiva histórica. Se ha comprobado ahora que los votos de las mujeres son en términos estadísticos más progresistas, en la búsqueda de una igualdad tantas veces esquiva.

El vigente sistema electoral bascula sobre dos pivotes. Uno es el modo de asignar escaños con arreglo a los votos escrutados, para lo que nuestro esquema sigue la llamada Ley d'Hont, o de restos mayoritarios. Eso proporciona ventaja para fórmulas de gobernabilidad, al favorecer mayorías estables; o, mejor aún, inducir la primacía suplementaria de las grandes formaciones medidas en términos globales.

Sin embargo, el quid de la cuestión estriba en la circunscripción elegida en nuestro texto constitucional. Por razones de prudente coyuntura política y como un medio para integrar el preocupante proceso centrífugo que protagonizaban los partidos nacionalistas, se quiso apaciguarlos eligiendo la provincia como circunscripción electoral. Las perversiones medidas en términos matemáticos del modelo son enormes. Me atrevo a poner un ejemplo clarificador. Si, aceptando como referente las últimas elecciones al Parlamento Europeo, hacemos un leve corrección, el panorama resulta muy clarificador. Tomando como base los resultados obtenidos en el conjunto de la nación, y multiplicando por cinco el resultado tendríamos un hemiciclo de 250 diputados, con la medida correctora de 1 escaño por provincia o ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), asignados al partido mayoritario, subiría el total hasta 303 diputados, que se aproxima mucho al actual Congreso. Pues bien, obtendría el PP 150, el PSOE, 120, IU 10, CIU 7, PNV 6, UPyD 5, BNG 2, ERC 2, y Los Verdes 1. Con ello se garantizaría la gobernabilidad y los nacionalismos tendrían su verdadera dimensión en el conjunto del Estado. Justicia y proporción, aparte de utilidad. Nada mejor. Las necesarias correcciones se añadirían en el Senado, como en la próxima entrega propondré.