
El proyecto de estatutos, que será debatido en la XIII Asamblea regional de IU, los próximos días 30 de noviembre y 1 de diciembre y cuyo contenido adelantó EL COMERCIO, cambia la relación entre la organización asturiana y la federal, estableciendo la «plena soberanía» de la primera respecto a la segunda. La ejecutiva regional considera «normal» esta medida y recalcó que hay varias federaciones territoriales que la han adoptado desde hace tiempo, entre ellas la de Andalucía, a la que está adscrito Alcaraz.
El 'número dos' del PCE, sin embargo, cree que no se trata del mismo caso, porque «en Andalucía nunca se ha utilizado el tipo de poder notarial -que corresponde a la organización que tenga personalidad jurídica plena, como busca ahora Asturias- para cambiar la naturaleza de Izquierda Unida».
En opinión de Alcaraz, «lo que está en juego son dos proyectos diferentes». El que defiende la dirección del PCE, opuesta a la de IU que encabeza Gaspar Llamazares y también a la asturiana de Jesús Iglesias, responde, según él, «al proyecto fundacional de Izquierda Unida, donde lo rojo tiene mucha importancia, es decir, que cabemos los comunistas, y que es federal, no confederal».
En contraposición a este modelo, el proyecto que representa la dirección de la coalición en el Principado «está basada en otras coordenadas, en un ecopacifismo verde que tiene mucho de nacionalista y que es una suma de independencias periféricas», afirma el dirigente comunista.
La discusión para decidir cuál de las dos visiones se impone se producirá, recuerda Alcaraz, en la próxima asamblea federal de IU. Pero antes se celebrará la regional de Asturias, en la que las tesis de la dirección tienen todas las de ganar, más aún tras la expulsión de la coalición de los principales líderes del sector crítico, alineados con el PCE. El 'número dos' de este partido, sin embargo, advierte de que «vamos a analizar detenidamente lo que está pasando en Asturias, porque es algo inaudito e inédito en cualquier fuerza política».
Así, explica que, en lugar de expulsar a un militante mediante un expediente en el que se le da derecho a replicar, «todo muy reglado y garantizado», se ha procedido a borrar directamente del censo y sin posibilidad de recurso a un número de afiliados «que estamos calculando, pero son más de 400».





