En la vida de los pueblos, igual que en la vida de las personas, una circunstancia en un determinado momento puede acarrear destinos diferentes. Cuando hace treinta años se comenzaba a trazar el mapa autonómico de España, para articular las regiones de Asturias, León y Castilla se barajaban tres opciones principales. La primera, la que al final se llevó a cabo, contemplaba la comunidad castellano-leonesa, por una parte, y Asturias como comunidad autónoma uniprovincial, por otra. La segunda, que es la que pide ahora el leonesismo militante, defendía 'León solo' o con las provincias del antiguo reino. La tercera, que no llegó a plantearse, era la de una comunidad astur-leonesa.
Las razones históricas, desde el territorio de los Astures y la Asturias Cismontana y Transmontana de los romanos, al medieval Reino Asturleonés, y, de una manera muy significativa, el precedente directo del Consejo Soberano de Asturias y León, en 1937, abogaban por esta última opción. Dentro del concepto concreto de comunidad histórica, referido a aquellas autonomías que hubiesen aprobado sus estatutos durante la II República, sólo entraban Cataluña, el País Vasco, Galicia y Asturias-León. No deja de sorprender que el tema de la identidad asturleonesa se hubiese desechado inmediatamente no por razones de sensibilidad ciudadana, sino por una cuestión -según comentó alguna vez Rodolfo Martín Villa-, bastante circunstancial, referida al diferente color político entre las distintas diputaciones, una, socialista y otra gobernada por la extinta UCD. Si las circunstancias hubiesen sido distintas, podría ser que estas identidades históricas entre Asturias y León hubiesen tenido más peso y una diferente articulación.
El miércoles pasado, el Senado refrendó el nuevo Estatuto de Castilla y León, una nueva 'carta magna autonómica' que, en algunos aspectos, como en la posibilidad de crear un órgano para la gestión de tributos propios, es decir, una agencia tributaria, no está muy lejos del Estatuto de Cataluña. Los consensos previos hicieron que el Estatuto castellano-leonés fuese el más respaldado de todos los estatutos que las Cortes Generales han aprobado en esta legislatura, con 250 votos a favor, dos abstenciones y ningún voto en contra. Sin embargo, este abrumador 99,2% afirmativos no parece que se corresponda, al menos en León, con la voluntad real de muchos leoneses, para los que el voto de los representantes no refleja, precisamente, la voluntad real de los representados.
Las reformas estatutarias no cierran ni remotamente la cuestión autonómica. Y precisamente, ante estos flamantes estatutos, no sólo los leoneses sino muchos ciudadanos están como Mercedes, a la puerta de la floristería: a punto de coger un taxi autonómico que, a lo peor, es el equivocado.





