Oviedo
La Audiencia Nacional rechaza el recurso de Gestión de Ingresos por la Ley de Protección de Datos
OFICINA. La que tenía la empresa en la calle Quintana. / M. R,.
La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso interpuesto por la antigua responsable del servicio de recaudación, Gestión de Ingresos, contra la Agencia de Protección de Datos y el Grupo Municipal Izquierda Unida, cuyos representantes pertenecen ahora a Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (ASCIZ). De esta forma, tendrá que pagar los 3.000 euros con los que fue sancionada por acceder al padrón municipal.
El caso es el último capítulo de un largo proceso judicial. La primera denuncia sobre esta cesión de remonta a hace seis años. IU acudió primero a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), pero su responsable decidió archivar el caso, al igual que la Agencia de Protección de Datos, donde presentaron otra en 2002.
Pero tras seguir con el caso, la Audiencia Nacional obligó al organismo estatal a abrirle un expediente al Consistorio y a la empresa, al sospechar que sí existía una irregularidad con el traspaso, relativo al Documento Nacional de Identidad, los nombres y los apellidos de los contribuyentes.
Al final, el organismo estatal consideró probado que tanto el Ayuntamiento como la mencionada empresa vulneraron la Ley de Protección de Datos al permitir el acceso de la adjudicataria del servicio al fichero del padrón de los 213.000 habitantes entre marzo de 2000 y 2001. Sancionó con los 3.000 euros a la empresa, pero no al Ayuntamiento, decisión criticada por los entonces ediles de Izquierda Unida.
El caso es el último capítulo de un largo proceso judicial. La primera denuncia sobre esta cesión de remonta a hace seis años. IU acudió primero a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), pero su responsable decidió archivar el caso, al igual que la Agencia de Protección de Datos, donde presentaron otra en 2002.
Pero tras seguir con el caso, la Audiencia Nacional obligó al organismo estatal a abrirle un expediente al Consistorio y a la empresa, al sospechar que sí existía una irregularidad con el traspaso, relativo al Documento Nacional de Identidad, los nombres y los apellidos de los contribuyentes.
Al final, el organismo estatal consideró probado que tanto el Ayuntamiento como la mencionada empresa vulneraron la Ley de Protección de Datos al permitir el acceso de la adjudicataria del servicio al fichero del padrón de los 213.000 habitantes entre marzo de 2000 y 2001. Sancionó con los 3.000 euros a la empresa, pero no al Ayuntamiento, decisión criticada por los entonces ediles de Izquierda Unida.
