ECONOMÍA
Botín dice al juez que no participó en la compra de Fuensanta a la familia Rato
09.05.08 -
VALENCIA. El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, se dirige a la junta de accionistas de Universia. / EFE
Emilio Botín, presidente del Grupo Santander, se desvinculó ayer de posibles irregularidades en la compraventa nueve años atrás de Aguas de Fuensanta, compañía propiedad de la familia Rato, al afirmar que dicha operación fue llevada a cabo por Banesto, filial del citado banco, por lo que desconoce cualquier detalle sobre la misma. En este sentido, durante su declaración como imputado ante el juez que investiga este caso, José Sierra, se remitió a lo que pudiera decir su actual 'número dos', Alfredo Sáenz, entonces máximo responsable del Español de Crédito, y que también estaba citado para esta jornada.
La incomparecencia de este último, sin embargo, mantuvo las dudas sobre esa polémica adquisición por parte de Banesto, por la que han sido imputadas 18 personas -entre ellos, una decena de directivos del Santander- para responder como posibles autores o partícipes de cuatro presuntos delitos: administración desleal, falsedad en documento mercantil, negativa a socio del derecho de información y cohecho. Quien sí acudió al juzgado fue Jaime Botín, hermano del presidente y ejecutivo del mismo grupo, que también se desvinculó del caso y apuntó a Sáenz como la persona que podía aclararlo todo, según informaron fuentes jurídicas.
Lo que sí admitieron ambos declarantes es su buena relación con Rodrigo Rato (que junto a su hermano Ramón eran los principales accionistas de Aguas de Fuensanta, y que deberá declarar el próximo día 27), si bien matizaron que a nivel comercial o financiero sus relaciones con él fueron sólo institucionales por razón del cargo de aquel, primero como ministro de Economía con los gobiernos del PP y después en su calidad de director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Las comparecencias de Emilio y Jaime Botín apenas se prolongaron una hora y a su salida del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid eludieron hacer comentarios.
Pago 'desorbitado'
Banesto compró el 45,3% de las acciones de Aguas de Fuensanta por cerca de seis millones de euros el 16 de marzo de 1999, en pleno proceso de desinversiones industriales en el banco. Según la querella presentada por dos accionistas minoritarios del Santander (admitida a trámite en enero de 2006), los abogados Antonio Panea Yeste y Francisco Franco Otegui, dicha suma resultaba «desorbitada» para una sociedad (la de los Rato) que, según ellos, estaba en «quiebra técnica», por lo que el verdadero objetivo de la transacción sería, en su opinión, «ganarse el favor» del propio político.
La incomparecencia de este último, sin embargo, mantuvo las dudas sobre esa polémica adquisición por parte de Banesto, por la que han sido imputadas 18 personas -entre ellos, una decena de directivos del Santander- para responder como posibles autores o partícipes de cuatro presuntos delitos: administración desleal, falsedad en documento mercantil, negativa a socio del derecho de información y cohecho. Quien sí acudió al juzgado fue Jaime Botín, hermano del presidente y ejecutivo del mismo grupo, que también se desvinculó del caso y apuntó a Sáenz como la persona que podía aclararlo todo, según informaron fuentes jurídicas.
Lo que sí admitieron ambos declarantes es su buena relación con Rodrigo Rato (que junto a su hermano Ramón eran los principales accionistas de Aguas de Fuensanta, y que deberá declarar el próximo día 27), si bien matizaron que a nivel comercial o financiero sus relaciones con él fueron sólo institucionales por razón del cargo de aquel, primero como ministro de Economía con los gobiernos del PP y después en su calidad de director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Las comparecencias de Emilio y Jaime Botín apenas se prolongaron una hora y a su salida del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid eludieron hacer comentarios.
Pago 'desorbitado'
Banesto compró el 45,3% de las acciones de Aguas de Fuensanta por cerca de seis millones de euros el 16 de marzo de 1999, en pleno proceso de desinversiones industriales en el banco. Según la querella presentada por dos accionistas minoritarios del Santander (admitida a trámite en enero de 2006), los abogados Antonio Panea Yeste y Francisco Franco Otegui, dicha suma resultaba «desorbitada» para una sociedad (la de los Rato) que, según ellos, estaba en «quiebra técnica», por lo que el verdadero objetivo de la transacción sería, en su opinión, «ganarse el favor» del propio político.
