El Comercio Digital

El acuerdo alcanzado por la Fiscalía y los ex ediles del GIL de Marbella imputados en casos de delitos urbanísticos, por el que se cancelan los juicios pendientes a cambio de que los acusados acepten cumplir penas de cárcel, constituye una salida que, si bien agiliza la imposición del castigo por la concesión de licencias irregulares, también refleja las limitaciones a las que se enfrenta la Justicia española para ser verdaderamente eficaz. El pacto ahorra al sistema cientos de horas de trabajo y suprime un largo recorrido de apelaciones que podrían prolongar la resolución definitiva de la causa hasta dentro de una década. Pero esta salida también escamoteará a la sociedad de la celebración de las vistas orales en las que se cotejan las imputaciones con las pruebas acumuladas, lo que privará del esclarecimiento público de hechos tan graves como los relacionados con las tramas de corrupción.