
El mandatario boliviano pidió al Parlamento que le envíe lo más rápidamente posible la ley para que el ejecutivo la ratifique. Después se celebraría en un plazo no superior a los 90 días. Si Morales llegara a perder, debería convocar elecciones generales en tres meses. Nada hacía presagiar una decisión tan repentina en la Cámara Alta. Por sorpresa, el Senado introdujo el tema del revocatorio en una sesión ordinaria. Fueron tres horas de intervenciones.
Según el diario 'La Prensa', la razón de la oposición para forzar al oficialismo a votar un proyecto presentado por el mismo presidente -cuando gozaba de mayor popularidad- radica en el temor a que el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) apruebe en el Congreso la próxima semana los referéndum «dirimidor y ratificatorio» de la nueva Constitución Política del Estado, aprobada sólo con la mayoría oficialista y entre brotes de violencia.
Tras el susto inicial, los legisladores oficialistas pasaron de negarse a la consulta argumentando que «este no era el momento» (a raíz de la rebelión autonomista) a aceptar someter al escrutinio del electorado los puestos del presidente y su vicepresidente, Álvaro García Linera, pero también los de los nueve prefectos, de mayoría contraria al actual ejecutivo.
Desafío
Morales estaba en Santa Cruz de la Sierra, la rica capital del oriente del país desde donde el prefecto Rubén Costas desafió la autoridad del mandatario y convocó un referéndum regional que, a falta de recontar un 3% de los votos obtuvo un respaldo del 85,5%, a favor de acabar con el centralismo dirigido desde La Paz. El gobernante y líder cocalero aymara suspendió su agenda y voló hacia la capital del país. Tras una reunión de emergencia con su gabinete redobló la apuesta de la «jugada política» opositora: aceptó el reto porque así la población podrá elegir «entre quienes hacen buen trabajo y quienes lo hacen mal» y servirá «para que en Bolivia se profundice la democracia a definir en las urnas y no con violencia».





