Politica
Areces insta al Estado a compensar a las regiones si se elimina el 'céntimo sanitario'
El presidente regional dice que «no hay motivo» para retirar el gravamen y recuerda que el PP nacional también lo apoya El Principado rechaza que el nuevo modelo de financiación sólo garantice la sanidad, la educación y los servicios sociales
PREGUNTAS. Álvarez Areces, durante su intervención -delante de Fernández, Lastra, Iglesias y Martín, en segundo plano- en el pleno de ayer, en la Junta General, al responder a Ovidio Sánchez. / PIÑA
El Principado no dará marcha atrás. El Gobierno que preside Vicente Álvarez Areces mantendrá el 'céntimo sanitario' a pesar de la advertencia de la Comisión Europea sobre la ilegalidad de este gravamen, y recuerda que el Ejecutivo central es el único competente a la hora de adoptar medidas correctoras y si finalmente fuera eliminado, asegura, «compensar» a las comunidades autónomas que lo aplican ante las pérdidas que podría ocasionar su retirada.
Areces respondía así a la pregunta formulada por el portavoz del PP, Ovidio Sánchez, en un pleno en el que los populares asturianos pidieron de nuevo al Gobierno la retirada del impuesto sobre los hidrocarburos, ante su posible ilegalización. «El impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, que no recargo, es hoy en día un tributo vigente y legal», afirma Areces, al tiempo que esgrime que sólo existe una comunicación formal por parte de la Comisión Europea, «que no tiene hoy valor jurídico».
En opinión del líder del PP regional, el gravamen no tiene sentido en la actualidad. Durante su puesta en marcha, recordó, el barril de petroleo costaba 30 dólares, un precio muy alejado del actual, que asciende a los 120. «Con los recargos adicionales -señaló- el 'céntimo sanitario' supone un freno al desarrollo de la competividad de la economía asturiana».
Una tesis rebatida por Areces. El jefe del Ejecutivo asturiano juzga «adecuado» conservar el tributo mientras existan los motivos que originaron su puesta en funcionamiento. «El gasto sanitario -añadió- que es a lo que va destinada la recaudación del gravamen, ha ido creciendo y sigue aumentando». Por tanto, no hay ningún motivo, según el presidente asturiano, «para retirar un ingreso que cubre muy parcialmente ese gasto».
Ovidio Sánchez piensa, por el contrario, que es prescindible un impuesto dirigido, según él, a hacer frente a los sobrecostes de proyectos como el Hospital Central. «Sería suficiente con realizar una mejor gestión de los recursos sanitarios», aseveró el líder popular.
La actitud de Sánchez contrasta con la posición que ha adoptado su partido a escala nacional. El pasado jueves, el grupo popular en el Congreso instó al Gobierno a recurrir la decisión de la UE sobre la legalidad del gravamen. Así se lo recordó el presidente asturiano durante el duelo dialéctico que mantuvieron en la Cámara autonómica. «No estamos solos en esta interpretación, pero veo que usted si lo está dentro del PP», replicó Areces, que no perdió la oportunidad de argumentar que fue un Gobierno popular quién puso en marcha este impuesto. «No se actúa de forma partidista, sino que se pretende financiar los mejores servicios para los ciudadanos», señaló Areces, al tiempo que recordaba la aplicación por parte de gobiernos populares como la Comunidad Valenciana y Madrid.
Consensuado
Asturias llevará a la negociación del modelo de financiación autonómica una propuesta respaldada por los tres grupos que forman parte de la Junta General. El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, asumió este compromiso ante la Cámara durante una intervención en la que rechazó el proyecto esbozado por el Ministerio de Economía de plantear un sistema de «nivelación parcial». Es decir, Asturias no suscribirá ningún acuerdo que suponga limitar los servicios públicos básicos y cuestione los actuales criterios de solidaridad. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, avanzó esta semana una propuesta que supondría dar un mayor margen recaudatorio a las comunidades -IVA, IRPF e impuestos especiales- para compensar la reducción del fondo de suficiencia del que ahora se benefician territorios como el Principado.
Esta preocupación fue trasladada por el portavoz de IU-BA-LV, Jesús Iglesias, que considera insuficiente que el Estado sólo garantice la sanidad, la educación y las prestaciones sociales como servicios básicos. Para afrontar el envite lanzado por el Ministerio de Economía y Hacienda, Iglesias propuso a Areces debatir en la Junta la propuesta que Asturias llevará a la negociación.
Areces recogió el guante y expresó su deseo de elaborar un proyecto con el respaldo del Parlamento. No obstante, ya dejó claro que el Principado no va a renunciar a los criterios conocidos como envejecimiento, dispersión u orografía que han permitido nivelar los mecanismos de solidaridad.
Asturias no renunciará a estas garantías y defenderá, además, que se profundice en los principios de autonomía y corresponsabilidad fiscal, de modo que las regiones tengan «más capacidad para desarrollar una política fiscal propia y adecuada a sus necesidades». No obstante, matiza Areces, el equilibrio necesario entre los ingresos y gastos «no debe ser alterado por las decisiones del Estado que afecten a la capacidad financiera de las autonomías para hacer frente a la prestación de servicios».
Areces respondía así a la pregunta formulada por el portavoz del PP, Ovidio Sánchez, en un pleno en el que los populares asturianos pidieron de nuevo al Gobierno la retirada del impuesto sobre los hidrocarburos, ante su posible ilegalización. «El impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, que no recargo, es hoy en día un tributo vigente y legal», afirma Areces, al tiempo que esgrime que sólo existe una comunicación formal por parte de la Comisión Europea, «que no tiene hoy valor jurídico».
En opinión del líder del PP regional, el gravamen no tiene sentido en la actualidad. Durante su puesta en marcha, recordó, el barril de petroleo costaba 30 dólares, un precio muy alejado del actual, que asciende a los 120. «Con los recargos adicionales -señaló- el 'céntimo sanitario' supone un freno al desarrollo de la competividad de la economía asturiana».
Una tesis rebatida por Areces. El jefe del Ejecutivo asturiano juzga «adecuado» conservar el tributo mientras existan los motivos que originaron su puesta en funcionamiento. «El gasto sanitario -añadió- que es a lo que va destinada la recaudación del gravamen, ha ido creciendo y sigue aumentando». Por tanto, no hay ningún motivo, según el presidente asturiano, «para retirar un ingreso que cubre muy parcialmente ese gasto».
Ovidio Sánchez piensa, por el contrario, que es prescindible un impuesto dirigido, según él, a hacer frente a los sobrecostes de proyectos como el Hospital Central. «Sería suficiente con realizar una mejor gestión de los recursos sanitarios», aseveró el líder popular.
La actitud de Sánchez contrasta con la posición que ha adoptado su partido a escala nacional. El pasado jueves, el grupo popular en el Congreso instó al Gobierno a recurrir la decisión de la UE sobre la legalidad del gravamen. Así se lo recordó el presidente asturiano durante el duelo dialéctico que mantuvieron en la Cámara autonómica. «No estamos solos en esta interpretación, pero veo que usted si lo está dentro del PP», replicó Areces, que no perdió la oportunidad de argumentar que fue un Gobierno popular quién puso en marcha este impuesto. «No se actúa de forma partidista, sino que se pretende financiar los mejores servicios para los ciudadanos», señaló Areces, al tiempo que recordaba la aplicación por parte de gobiernos populares como la Comunidad Valenciana y Madrid.
Consensuado
Asturias llevará a la negociación del modelo de financiación autonómica una propuesta respaldada por los tres grupos que forman parte de la Junta General. El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, asumió este compromiso ante la Cámara durante una intervención en la que rechazó el proyecto esbozado por el Ministerio de Economía de plantear un sistema de «nivelación parcial». Es decir, Asturias no suscribirá ningún acuerdo que suponga limitar los servicios públicos básicos y cuestione los actuales criterios de solidaridad. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, avanzó esta semana una propuesta que supondría dar un mayor margen recaudatorio a las comunidades -IVA, IRPF e impuestos especiales- para compensar la reducción del fondo de suficiencia del que ahora se benefician territorios como el Principado.
Esta preocupación fue trasladada por el portavoz de IU-BA-LV, Jesús Iglesias, que considera insuficiente que el Estado sólo garantice la sanidad, la educación y las prestaciones sociales como servicios básicos. Para afrontar el envite lanzado por el Ministerio de Economía y Hacienda, Iglesias propuso a Areces debatir en la Junta la propuesta que Asturias llevará a la negociación.
Areces recogió el guante y expresó su deseo de elaborar un proyecto con el respaldo del Parlamento. No obstante, ya dejó claro que el Principado no va a renunciar a los criterios conocidos como envejecimiento, dispersión u orografía que han permitido nivelar los mecanismos de solidaridad.
Asturias no renunciará a estas garantías y defenderá, además, que se profundice en los principios de autonomía y corresponsabilidad fiscal, de modo que las regiones tengan «más capacidad para desarrollar una política fiscal propia y adecuada a sus necesidades». No obstante, matiza Areces, el equilibrio necesario entre los ingresos y gastos «no debe ser alterado por las decisiones del Estado que afecten a la capacidad financiera de las autonomías para hacer frente a la prestación de servicios».
