Politica
El PSOE ve «connivencia» entre dos de los tres síndicos de cuentas y el grupo parlamentario del PP
Lastra califica de «anómalo» que diputados populares se dirijan al órgano fiscalizador para sugerirle qué entidades deben ser analizadas
PARLAMENTO. Una comparecencia de los miembros de la Sindicatura en la Junta General. / E. C.
La coincidencia entre el programa de fiscalizaciones de la Sindicatura de Cuentas del Principado para 2008, aprobado con los votos de los síndicos designados a propuesta del PP e Izquierda Unida, y las peticiones de que se investigara la actuación económica de determinadas entidades realizadas por parlamentarios del grupo popular provocó ayer una dura crítica por parte del PSOE. El portavoz socialista en la Junta General, Fernando Lastra, calificó de «anómala» la actitud de algunos diputados populares de dirigirse a los miembros de la sindicatura para denunciar presuntas irregularidades en las cuentas de distintos organismos públicos, con la que, según él, «buscan una connivencia entre algunos síndicos y la estrategia del PP».
Algo que Lastra deja entender que se ha conseguido, ya que afirmó que «es la actuación anómala de esos síndicos la que pone en tela de juicio la imparcialidad del organismo». Y atribuyó dicha actuación a «la falta de adecuación de las personas a la responsabilidad» para la que fueron nombradas.
EL COMERCIO reveló anteayer que el voto de Mercedes Fernández (designada por el PP) y Antonio Arias (por IU) sirvió para no incluir en el programa de fiscalizaciones la de las cuentas de los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés, que habían sido propuestas por el síndico mayor (designado por el PSOE), Avelino Viejo. Además, se incorporaron al programa, a petición de la ex delegada del Gobierno popular y con el apoyo de Arias, los análisis de las cuentas del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (Idepa), del Ente de Comunicación del Principado, de la constructora Sedes y de los contratos de alta dirección del sector público autonómico.
Este programa fue aprobado por la Sindicatura el pasado mes de noviembre. En los meses anteriores, los tres integrantes del órgano fiscalizador habían recibido varias cartas de diputados regionales del PP referidas a posibles objetos de su trabajo.
Así, en una de esas cartas, fechada el 6 de marzo de 2007 y a la que ha tenido acceso EL COMERCIO, la parlamentaria popular Alejandra Cuétara afirma que «quiero llamarle la atención acerca de la necesidad de que la Sindicatura de Cuentas fiscalice la contratación que se lleva a cabo en la Administración del Principado de Asturias y sus organismos, entes, entidades, fundaciones y empresas públicas». Y menciona expresamente «el ilegal comportamiento de esta Administración, nada menos que en la contratación de un viaje institucional y comercial a Argentina y Uruguay por parte del Idepa».
Fernando Lastra manifestó que «el procedimiento para que la Sindicatura establezca que se fiscalice a una institución u otra debe responder a sus criterios técnicos, no a lo que le digan los parlamentarios del PP». Según el portavoz socialista, los síndicos deben actuar con independencia y «los demás no tenemos que meternos ahí para nada», porque si las decisiones del órgano fiscalizador respondieran «al estímulo de un grupo parlamentario, queda en entredicho su imparcialidad».
Respecto a las declaraciones de Alejandra Cuétara en las que aseguraba que la fiscalización de las cuentas de los principales ayuntamientos asturianos está garantizada aunque no se incluya en el plan de trabajo de la Sindicatura, Lastra replicó que la diputada del PP «necesita más honestidad intelectual», porque a su entender no se está poniendo en entredicho la profesionalidad de los interventores internos, sino que se pide que el órgano fiscalizador se guíe «por procedimientos objetivos, no por los caprichos de un síndico».
Algo que Lastra deja entender que se ha conseguido, ya que afirmó que «es la actuación anómala de esos síndicos la que pone en tela de juicio la imparcialidad del organismo». Y atribuyó dicha actuación a «la falta de adecuación de las personas a la responsabilidad» para la que fueron nombradas.
EL COMERCIO reveló anteayer que el voto de Mercedes Fernández (designada por el PP) y Antonio Arias (por IU) sirvió para no incluir en el programa de fiscalizaciones la de las cuentas de los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés, que habían sido propuestas por el síndico mayor (designado por el PSOE), Avelino Viejo. Además, se incorporaron al programa, a petición de la ex delegada del Gobierno popular y con el apoyo de Arias, los análisis de las cuentas del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (Idepa), del Ente de Comunicación del Principado, de la constructora Sedes y de los contratos de alta dirección del sector público autonómico.
Este programa fue aprobado por la Sindicatura el pasado mes de noviembre. En los meses anteriores, los tres integrantes del órgano fiscalizador habían recibido varias cartas de diputados regionales del PP referidas a posibles objetos de su trabajo.
Así, en una de esas cartas, fechada el 6 de marzo de 2007 y a la que ha tenido acceso EL COMERCIO, la parlamentaria popular Alejandra Cuétara afirma que «quiero llamarle la atención acerca de la necesidad de que la Sindicatura de Cuentas fiscalice la contratación que se lleva a cabo en la Administración del Principado de Asturias y sus organismos, entes, entidades, fundaciones y empresas públicas». Y menciona expresamente «el ilegal comportamiento de esta Administración, nada menos que en la contratación de un viaje institucional y comercial a Argentina y Uruguay por parte del Idepa».
Fernando Lastra manifestó que «el procedimiento para que la Sindicatura establezca que se fiscalice a una institución u otra debe responder a sus criterios técnicos, no a lo que le digan los parlamentarios del PP». Según el portavoz socialista, los síndicos deben actuar con independencia y «los demás no tenemos que meternos ahí para nada», porque si las decisiones del órgano fiscalizador respondieran «al estímulo de un grupo parlamentario, queda en entredicho su imparcialidad».
Respecto a las declaraciones de Alejandra Cuétara en las que aseguraba que la fiscalización de las cuentas de los principales ayuntamientos asturianos está garantizada aunque no se incluya en el plan de trabajo de la Sindicatura, Lastra replicó que la diputada del PP «necesita más honestidad intelectual», porque a su entender no se está poniendo en entredicho la profesionalidad de los interventores internos, sino que se pide que el órgano fiscalizador se guíe «por procedimientos objetivos, no por los caprichos de un síndico».
