Oviedo
El alcalde renuncia a nombrar Defensor del Ciudadano para ahorrar «120.000 euros»
Iglesias Caunedo reclama que los cargos no electos de otras administraciones hagan público su patrimonio
DE LORENZO. Presidió ayer el Pleno. / M. R.
La figura del Defensor del Ciudadano va camino de desaparecer. Nada más crear el cargo, en marzo de 2005, y para sorpresa de muchos, el alcalde decidió darle el puesto a Alberto Mortera, ya expulsado del PSOE. Siguiendo la línea de otros varapalos judiciales previos, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias dio la razón a los socialistas y refrendó la nulidad del cargo en diciembre de 2007. Para entonces, Mortera ya estaba en el equipo de gobierno como concejal de Urbanismo y el alcalde había dicho que Óscar Cuetos le sustituiría en el cargo, creado al amparo de la Ley de Grandes Ciudades.
No va a ser así porque, al menos de momento, no habrá nombramiento. «El 22 de mayo ya hablé de que este Ayuntamiento se iba a aplicar un sistema de austeridad mientras dure la crisis económica», dijo el edil para introducir su respuesta a la pregunta del socialista Feliz Fernández. «Todo aquello que no sea necesario -continúo De Lorenzo- se suprimirá. Y el Defensor del Ciudadano es algo que puede esperar».
La decisión De Lorenzo elimina de un plumazo las expectativas dadas a Cuetos en diciembre de 2006 y dejará a los ciudadanos sin una persona para mediar con la Administración local. Pero el edil no ve ningún problema: «Los defensores de los ciudadanos ya estamos aquí», dijo señalando a la Corporación municipal. De Lorenzo aseguró además que paralizar el nombramiento permitirá un ahorro «que puede superar los 20 millones de pesetas al año (120.000 euros)».
Bienes y patrimonio
Pero antes de llegar a este asunto, los 27 ediles ya habían abordado otro relacionados con las cuentas, aunque con las propias. Los tres grupos municipales aprobaron por unanimidad hacer públicos a partir del 7 del próximo mes sus bienes y su patrimonio. «A partir de julio, el Ayuntamiento será uno de los primeros de España en actualizar este modelo», tras Gijón, se felicitó el concejal de Economía, Agustín Iglesias Caunedo.
Pero como si tanto entendimiento no fuera bueno, el popular lanzó el dardo a la Administración regional para que haga lo propio. «Nos gustaría que otras administraciones dieran ejemplo y que los cargos públicos no elegidos en las urnas, como los presidentes de las empresas públicas, hagan lo mismo».
