F INALMENTE, el Gobierno ha accedido a cumplir su promesa y ha publicado las llamadas 'balanzas fiscales de las comunidades autónomas'. Este grave error tendrá consecuencias que, como viene siendo habitual en los últimos años, no han sido previstas, pero que en breve plazo comprobaremos.

No es necesario detallar las numerosas arbitrariedades y dificultades técnicas que supone confeccionar tales 'balanzas'. Tanto en el caso de los gastos como en de los ingresos, la 'territorialización' total y absoluta de los flujos fiscales no es sino un puro artificio, en ningún caso admisible desde el punto de vista técnico. Los problemas para atribuir a cada comunidad los recursos obtenidos vía impuestos y cotizaciones, se multiplican a la hora de asignar el gasto, tarea carente de sentido y de toda lógica en una buena parte del mismo.

Sin embargo, y a pesar de que se trata de cálculos que carecen de objetividad, no es ésta su principal tara, que podría ser admisible en otro tipo de ejercicios. Lo realmente grave de su publicación por parte del Ministerio de Economía y Hacienda es que se les ha aplicado el sello de 'oficiales', cuando son falaces en su misma esencia y conllevan el germen de las insolidarias demandas nacionalistas. Y lo que es peor, el resto de ciudadanos parece que hemos aceptado como válidos los falaces conceptos nacionalistas que sólo sirven como respaldo a sus injustas pretensiones.

En primer lugar, estas 'balanzas' parten de una premisa falsa, como es que son las comunidades (los mal llamados 'territorios') las titulares de derechos y obligaciones, es decir, quienes aportan y reciben recursos de la Hacienda estatal. Partiendo de esa falaz premisa, se construyen estos engendros (no pueden tener otro calificativo), y a partir de ahí se extraen conclusiones -y titulares- del tipo «la comunidad A es la que más aporta» o «la comunidad B es la que más se beneficia de la solidaridad» o «la comunidad C está sufriendo un auténtico expolio fiscal». Esto es absoluta y radicalmente falso. Los únicos titulares de tales derechos y obligaciones y, por tanto, los únicos que son partícipes reales de la solidaridad son los ciudadanos. Nuestro sistema fiscal tiene como núcleo central la persona, el ciudadano, que es quien contribuye y quien recibe los servicios. Por tanto, este sistema debe asegurar que la contribución de los ciudadanos sea equitativa y justa y que los servicios sean recibidos en términos de igualdad por todos los españoles. Erosionar estos principios conllevaría poner en riesgo que los jubilados, inválidos, huérfanos, etcétera, reciban más que aportan y, al contrario, que las personas que disfrutan de más renta, aporten más de lo que reciben.

Si aceptáramos esta lógica, podríamos obtener 'balanzas fiscales' por provincias, por municipios, por barrios, por calles, por manzanas, por edificios e, incluso, por portales, y aquellos que tengan 'déficit' lo reclamarían al Estado. y entonces, si damos un paso más, calcularíamos cada uno nuestra propia balanza y exigiríamos al Estado que nos devuelva, si fuera el caso, lo que nos quita de más para cubrir el coste de los servicios que recibimos, y habríamos destruido así el fundamento del llamado Estado social, que es principalmente un Estado redistribuidor de riqueza.

Por tanto, si se cede a las demandas nacionalistas (que provienen lógicamente de las regiones con renta per cápita media mayor que la media -excepto vascos y navarros, que ya tienen lo suyo-, pues el resto de nacionalistas están bien callados) para reducir el pretendido 'déficit fiscal' y se beneficia a determinadas comunidades autónomas través del sistema de financiación, esto supondrá que la misma persona, con los mismos ingresos y mismas circunstancias personales, familiares, profesionales, etcétera, tributará menos en las comunidades con 'déficit' y más en las que tienen 'superávit' y, por tanto, recibiría mejores servicios en unas y peores en otras, con lo que habríamos quebrado por la base el pilar fundamental de la igualdad.

Y todo ello sin tener en cuenta que, ya en la actualidad, el sistema tiene grandes debilidades. La primera es la existencia de los regímenes forales, lo que permite que los ciudadanos de dos de las autonomías con mayor renta media no participen en este sistema de redistribución. La segunda es que, debido a la cesión de competencias normativas que el Estado ha hecho a favor de las comunidades, aquellas con mayor renta media se pueden permitir el lujo de reducir o eliminar determinados impuestos (como ha pasado con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con el de Patrimonio o con el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados), mientras que las que tienen menor renta media no sólo no pueden permitírselo, sino que en ocasiones tienen que aplicar recargos para financiar sus presupuestos (como pasa con el recargo autonómico del impuesto sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos, el llamado 'recargo de la gasolina' o 'céntimo sanitario'). Y la tercera es un sistema de financiación con notables carencias, que es preciso redefinir.

No es casual que esta publicación se haya realizado, por las presiones comentadas, justo antes de negociar la modificación del mencionado sistema de financiación de las comunidades autónomas. Por ello, es realmente importante que todos los ciudadanos seamos conscientes de que quien hace efectiva la solidaridad somos nosotros y nadie más. Ninguna comunidad recibe la solidaridad ni contribuye a la misma, eso es sólo una falacia inoculada por los dirigentes políticos nacionalistas. Son los ciudadanos menos favorecidos, no importan dónde residan, quienes la reciben de aquellos que más tienen, porque así lo hemos decidido entre todos y así se ha plasmado en nuestra Carta Magna. No permitamos que aquellos que son más insolidarios nos ganen la primera y quizás más importante batalla, la de los conceptos.