ECONOMÍA
El TSJA paraliza la carrera profesional de más de 20.000 empleados públicos en Asturias
El Principado recurrirá la decisión cautelar del tribunal, que estima una demanda de la CSI que denunció falta de claridad en el acuerdo autonómico UGT asegura que el cobro de las retribuciones se retrasará entre dos y tres años
OVIEDO. Fachada de cristal del Edificio de Servicios Múltiples del Principado. / MARIO ROJAS
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha decidido suspender de forma cautelar el desarrollo de la carrera profesional en la región. La decisión, que afecta a más de 20.000 empleados públicos entre personal de la Administración y cuerpos docentes, responde a una demanda interpuesta por la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) para rechazar el acuerdo que el Gobierno autonómico firmó con los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, para vincular mejoras salariales a los grados de antigüedad de los empleados y a su capacitación profesional. La carrera profesional es, en definitiva, un sistema para valorar los méritos profesionales.
El sindicato CSI critica que la Administración autonómica «imponga» a los empleados públicos la adhesión a su proyecto de carrera profesional que no incluye al personal temporal, sin conocer previamente en qué condiciones se ha de realizar. A su juicio, el Principado solicita que los docentes les firmen un «cheque en blanco» ya que les piden que se adhieran voluntariamente a una carrera profesional que desconocen y promete un dinero que luego les puede ser arrebatado.
Fallo definitivo
La portavoz del Gobierno y consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, anunció ayer mismo que el Principado recurrirá la decisión judicial. «De momento hay un parón en el desarrollo de la carrera profesional, pero debemos de esperar al fallo definitivo», señaló, tras «lamentar» la decisión judicial.
Para la consejera, la firma de ese acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Principado del pasado 22 de mayo y que calificó de «muy positivo», iba a permitir la aplicación de la carrera profesional para todos los empleados públicos de la Administración del Principado, convirtiendo de este modo a Asturias en la primera comunidad autónoma que extiende la aplicación de la carrera profesional fuera del ámbito sanitario. Según UGT, la decisión judicial conllevará que el cobro del primer grado de carrera y desarrollo profesional de funcionarios y laborales quede asimismo suspendido. El sindicato recordó que su Federación de Servicios Públicos (FSP-UGT) «logró un acuerdo que posibilita el derecho a la carrera y desarrollo profesional de todos los empleados públicos y se fijara el mes de noviembre para el pago a cuenta del primer nivel de trabajadores».
UGT calificó de «sorprendente» la actitud de la CSI que, pese a que «se define como valedor de los derechos de los trabajadores y de izquierdas», sin embargo, prive a los trabajadores «de la carrera y desarrollo profesional, consiguiendo con ello discriminarnos sustancialmente respecto al personal estatutario».
Nueva ley en 2008
UGT asegura que «no va a permitir que se produzcan semejantes agravios comparativos y, en ningún caso, toleraremos la implantación de dos clases de empleados públicos». Dice que la suspensión cautelar de la carrera profesional en Asturias retrasará «entre dos y tres años» el cobro de las retribuciones. Por su parte, desde el sindicato CSI aseguraron ayer que «si la Administración no desarrolla la carrera profesional tal y como hemos solicitado, seguiremos adelante con la demanda» que conllevaría una decisión judicial definitiva.
El Gobierno del Principado presentará en el Parlamento asturiano antes de que finalice 2008 una ley que regule el empleo público en la región y que complete la normativa básica estatal en esta materia.
La titular de Administraciones Públicas ha manifestado que en esta ley deberán plantearse mecanismos para el desarrollo de la carrera profesional de todos los empleados públicos. «La Administración asturiana es distinta a la de hace unos años, ahora superamos los 30.000 empleos públicos y queremos una normativa que pueda dar respuesta a esta nueva realidad y anticiparse a las necesidades futuras», señaló recientemente.
El sindicato CSI critica que la Administración autonómica «imponga» a los empleados públicos la adhesión a su proyecto de carrera profesional que no incluye al personal temporal, sin conocer previamente en qué condiciones se ha de realizar. A su juicio, el Principado solicita que los docentes les firmen un «cheque en blanco» ya que les piden que se adhieran voluntariamente a una carrera profesional que desconocen y promete un dinero que luego les puede ser arrebatado.
Fallo definitivo
La portavoz del Gobierno y consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, anunció ayer mismo que el Principado recurrirá la decisión judicial. «De momento hay un parón en el desarrollo de la carrera profesional, pero debemos de esperar al fallo definitivo», señaló, tras «lamentar» la decisión judicial.
Para la consejera, la firma de ese acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Principado del pasado 22 de mayo y que calificó de «muy positivo», iba a permitir la aplicación de la carrera profesional para todos los empleados públicos de la Administración del Principado, convirtiendo de este modo a Asturias en la primera comunidad autónoma que extiende la aplicación de la carrera profesional fuera del ámbito sanitario. Según UGT, la decisión judicial conllevará que el cobro del primer grado de carrera y desarrollo profesional de funcionarios y laborales quede asimismo suspendido. El sindicato recordó que su Federación de Servicios Públicos (FSP-UGT) «logró un acuerdo que posibilita el derecho a la carrera y desarrollo profesional de todos los empleados públicos y se fijara el mes de noviembre para el pago a cuenta del primer nivel de trabajadores».
UGT calificó de «sorprendente» la actitud de la CSI que, pese a que «se define como valedor de los derechos de los trabajadores y de izquierdas», sin embargo, prive a los trabajadores «de la carrera y desarrollo profesional, consiguiendo con ello discriminarnos sustancialmente respecto al personal estatutario».
Nueva ley en 2008
UGT asegura que «no va a permitir que se produzcan semejantes agravios comparativos y, en ningún caso, toleraremos la implantación de dos clases de empleados públicos». Dice que la suspensión cautelar de la carrera profesional en Asturias retrasará «entre dos y tres años» el cobro de las retribuciones. Por su parte, desde el sindicato CSI aseguraron ayer que «si la Administración no desarrolla la carrera profesional tal y como hemos solicitado, seguiremos adelante con la demanda» que conllevaría una decisión judicial definitiva.
El Gobierno del Principado presentará en el Parlamento asturiano antes de que finalice 2008 una ley que regule el empleo público en la región y que complete la normativa básica estatal en esta materia.
La titular de Administraciones Públicas ha manifestado que en esta ley deberán plantearse mecanismos para el desarrollo de la carrera profesional de todos los empleados públicos. «La Administración asturiana es distinta a la de hace unos años, ahora superamos los 30.000 empleos públicos y queremos una normativa que pueda dar respuesta a esta nueva realidad y anticiparse a las necesidades futuras», señaló recientemente.
