La presidenta de la asociación, Carmen Prado, y la abogada de la misma, Ana Taboada, presentaron el informe sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados tutelados o acogidos por la administración del Principado. Este documento, en el que se critica la actuación de la Consejería de Bienestar Social desde que en el año 2005 comenzó la crisis tras la llegada de muchos menores emigrantes a España, fue enviado el pasado día 17 al Defensor del Pueblo.
Prado explicó que la Consejería «incumple» el deber de documentar a los menores marroquíes según está establecido en el Reglamento de Extranjería. «Pensamos que el motivo, pese a no haberlo manifestado abiertamente, es que estos menores están considerados conflictivos, por exigir sus derechos, o problemáticos, al ser toxicómanos, y que por ello se les castiga», subrayó.
Contestación
La respuesta de la Consejería de Bienestar Social no se hizo esperar. Negó que se estén vulnerando los derechos de los menores no acompañados, de cualquier nacionalidad, acogidos por el Principado. Y aseguró que, incluso en algunos casos, para aquellos menores que aún no llevando nueve meses de tutela efectiva, si tienen buena disposición para el trabajo y una oferta de trabajo firme, se propone a los organismos competentes que les faciliten el permiso laboral.





