
Luis Manuel Rodríguez aseguró a EL COMERCIO que el centro, la primera puerta de entrada al sistema de protección para los menores en riesgo, ya sea por abandono, malos tratos o, como ocurre ahora, por llegar al país sin sus padres, se encuentra en «un estado de saturación insoportable», que no es «algo puntual», sino que llevan así «más de un año».
Rodríguez, integrante del comité de empresa como grupo independiente, entiende que «se están vulnerando los derechos de los menores», puesto que cuando la ley marca que en esa unidad sólo estén un máximo de 45 días «tenemos chavales que llevan ya once meses con nosotros». Los problemas se complican, además, por el hecho de que el 90% de los actuales usuarios son extranjeros, que plantean «diferencias educacionales y de idioma».
Sin embargo, desde el Principado, sin negar la sobreocupación, se aseguró ayer que los menores alojados en dicha unidad reciben «una atención inmediata y de calidad». Así lo afirmó la directora del Instituto de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia, Eva Sánchez, quien afirmó que en el centro «se respetan escrupulosamente los derechos fundamentales de todos los menores acogidos».
Sánchez achacó la saturación a la llegada de menores extranjeros no acompañados un fenómeno, dijo, «que ni es nuevo ni se circunscribe, exclusivamente, al Principado».
Sin carné de padre
Mientras los trabajadores de esta unidad de primera acogida hacían públicas sus protestas en Oviedo, en la misma ciudad se celebraba una reunión sobre políticas de Infancia en la que participaba Carmen Puyó, coordinadora del Observatorio de la Infancia. Puyó destacó que los retos de las políticas que afectan a los más pequeños para los próximos años son «darles voz» y «la atención a la inmigración». En el primero de los casos, destacó el hecho de que los menores participen en la sociedad «y que sepan los derechos y los deberes que tienen», pero que no lo asuman «como algo impuesto por los adultos», sino que «tomen conciencia y participen en ellos». En cuanto a la inmigración, señaló que es una «realidad que vive el país» y que no tiene porqué tener «connotaciones negativas».
En ese sentido, pidió ayuda a los medios de comunicación «para no transmitir siempre aspectos negativos», porque, en su opinión, «todas las estadísticas señalan que la infancia en España está bien, los niños son felices» y, sin embargo, las noticias que ocupan los titulares «son siempre las negativas». En relación con la última polémica, el caso de la niña andaluza asesinada, Mari Luz, Puyó rechazó un endurecimiento de las condenas para los pederastas, puesto que considera más efectivo «que cumplan totalmente las penas, ya que hay que ver sí hay tantos casos como para endurecer la ley».
No obstante, sí reconoció que la realidad es que la educación a los hijos está generando «nuevos problemas», como el síndrome 'emperador' (el hijo que tiraniza a los padres), y planteó que los padres «asuman sus competencias», para lo que anunció la puesta en marcha de programas específicos para los adultos. «Tener un hijo no significa que, automáticamente, recibas el carné de padre», señaló.





