
A juicio de Vázquez, «este comportamiento transmite a los ciudadanos una imagen de dejadez y pasotismo que no contribuye a mejorar la peor situación del Ayuntamiento desde hace mucho tiempo».
Vázquez asegura que los servicios municipales hace varias semanas que están prácticamente paralizados, «con el consiguiente perjuicio tanto para los particulares como para las empresas que observan, impotentes, cómo se eterniza la duración de sus gestiones en el Ayuntamiento».
El edil popular se hizo eco de las especulaciones relativas a que el alcalde -de cuyo viaje se desconocen los motivos e incluso el destino final- ha pretendido «desactivar las movilizaciones de los trabajadores», además de evitar «la convulsa» asamblea de la agrupación municipal socialista de Siero del pasado viernes.
Ante la ausencia del mandatario, fue el concejal delegado de Personal del Ayuntamiento, el socialista Ángel García, 'Cepi', quien sufrió las mayores iras de un sector de la militancia en una asamblea que vivió algunos momentos de tensión. 'Cepi' fue quien firmó la resolución para que los trabajadores devuelvan el dinero que cobraron de más entre 1999 y 2001.
En un coche municipal
El secretario del PP criticó también que el alcalde fuera llevado al aeropuerto en el vehículo municipal que utiliza habitualmente y conducido por un empleado del Ayuntamiento. Vázquez entiende que si el motivo de su viaje era para realizar gestiones relacionadas con su cargo político, «no habría nada que objetar al uso de esos recursos municipales». Pero en caso contrario, consideraría «muy grave» utilizar un vehículo y a un empleado para un viaje privado.
Posible ilegalidad
El secretario del PP, Luis Vázquez, se sumó ayer a las quejas de los empleados municipales respecto a la rebaja de las bases de cotización a la seguridad social en la nómina del mes de abril, algo que considera «totalmente ilegal».
El edil advirtió de que esta medida puede tener efectos «muy perjudiciales» para los empleados que se vayan a jubilar próximamente, o para los que sufran una baja laboral.
Representantes sindicales del Ayuntamiento se reunieron la semana pasada con la Dirección Provincial de la Seguridad Social y con la Jefa de la Inspección de Trabajo de Asturias. Y según desveló Vázquez, «les confirmaron la ilegalidad de las reducciones y que podrían suponer sanciones tanto para el Ayuntamiento como para los funcionarios responsables».





