El Comercio Digital

CASI todos los juristas ven razonable la demanda que Telma Ortiz, hermana de la Princesa de Asturias, ha interpuesto contra 57 empresas de comunicación. Ortiz pide que se frene el acoso al que éstas la someten desde hace años, con la excusa de la «libertad de expresión». Y, en efecto, todos sabemos que en democracia cualquier derecho, como aquí lo es el de los medios a informar, tiene como límites los derechos de los demás: en este caso, el derecho de Telma Ortiz a su intimidad, a poder pasear plácidamente o a cortarse el pelo (pues estas han sido a menudo las «grandes noticias» sobre las que algunos exigen poder informar, a costa de la paz de la señora Ortiz y su pareja).

Existe además un precedente jurídico muy iluminador, y nada menos que en el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos. Allí, hace unos años, los jueces le dieron la razón a Carolina de Mónaco, que también se quejaba de aquellos periodistas que no sabían distinguir entre informar sobre sus actos públicos como princesa (al inaugurar un torneo, por ejemplo) y entrometerse en su vida privada (cuando era ella la que se entretenía en familia jugando al tenis). Con Telma Ortiz la cosa resulta si cabe más favorable para la demandante, pues ella ni es princesa ni es un personaje relevante por su actividad pública. Nunca ha querido entrar en ese mercado informativo del que otros se lucran a su costa. Ahora bien, independientemente de si Telma Ortiz vence su batalla jurídica frente a tales empresas, desde una perspectiva ética su victoria no sería sólo suya. Vencerían también los auténticos periodistas (varios sindicatos y asociaciones ya han apoyado la demanda): los que hoy sufren al ver cómo su profesión se degrada por culpa de quienes sólo saben servirse de la libertad... para contar qué libros lee la cuñada de un príncipe. Y venceríamos toda la audiencia, libres por fin del riesgo de toparnos con tanta inanidad al encender la tele. Desde un punto de vista ético sólo me queda decir, por lo tanto: Gracias, Telma.