
Según cálculos de Consumidores, que ha recibido montones de llamadas desde que se conoció la situación financiera de Urazca, los anticipos adelantados hasta la fecha alcanzan, aproximadamente, el 20% del importe de la vivienda. Alonso también recomendó a los compradores -unos 80 de las 181 viviendas a la venta en la primera fase, según datos del PSOE- que se pongan en contacto con la empresa para aclarar la situación. «Pueden mandar un burofax para que les dé conocimiento de lo que está ocurriendo».
Sobre la incógnita de muchos sobre si realizar o no nuevos abonos o paralizarlos, el presidente de la UCE optó por la precaución. «Dado que la empresa está en manos de unos administradores concursales, las cantidades que están pagando deberían de paralizarse para evitar que puedan utilizarse de forma fraudulenta».
Un Juzgado de Bilbao autorizó el pasado viernes la suspensión de pagos a Urazca, que en Asturias cuenta con otras promociones en La Corredoria y Luanco. La empresa solicitó esta medida ante su fracaso al renegociar una deuda de 250 millones con 16 entidades bancarias. En la actualidad, los administradores concursales estudian qué pasos seguir para salir de la situación financiera. Entre las anunciadas está la venta de activos y el recorte de plantilla.
Mientras lleguen nuevas noticias del País Vasco, donde está la sede del grupo, la UCE solicitará a la Dirección General de Vivienda una reunión. Le pedirá que inspeccione lo ocurrido y dé su compromiso de hacer una campaña de información sobre el debilitado sector.
Análisis del sector
Pese a que, en principio, en Urazca no habrá problemas con la devolución de avales, Alonso insistió en que en no todas las promotoras han seguido esta práctica de garantía, obligada por la ley. Pidió por tanto a los propios compradores y a la Administración regional que comprueben la ejecución de esta medida.
La UCE contextualizó la crisis inmobiliaria en la subida del IPC y la inflación, de los tipos de interés y del precio del barril del petróleo. Y aseguró que aunque en Asturias no tiene la misma repercusión que en otras comunidades, con más viviendas de segunda y tercera residencia, «los constructores van a tener que bajar los precios para vender» y el Principado tendrá que promover «más pisos con algún tipo de protección» en la comunidad.





