Asturias
Denuncian que la consejería les somete a preguntas que «atentan contra la dignidad» y «no sirven para mejorar» SUATEA critica un quinto control que «pretende que te delates a tí mismo»
Protagonizada por los profesores no universitarios, ayer por las calles de Oviedo. / JESÚS DÍAZ
Los profesores no quieren que se les examine. O al menos, no como propone la Consejería de Educación. Tras el plan para evaluar la profesionalidad de 9.000 maestros ven una experiencia que les convierte en «conejillos de indias», «un atentado contra la dignidad» y, sobre todo, «un montón de papeleo que está mal enfocado, nos quita tiempo y no sirve para mejorar la calidad de la enseñanza». Así lo exponía Beatriz Quirós, presidenta de la Junta de Personal Docente No Universitario. Ayer encabezaba una manifestación que terminó poniendo frente a la consejería a «unos 3.000 profesores», según los organizadores, cifra que la Policía Nacional rebaja a 800. Si el Principado no rectifica, amenazan con «debatir» una huelga antes de que acabe el curso.
Los docentes marcharon por el centro de Oviedo llamando la atención con tambores, trompetas, pero también mucho debate. «El problema es que de repente nos quieren exigir muchas cosas que antes no pedían, como si ahora dudasen de nuestro trabajo», exponía Ernesto Burgos, que suma 24 años instruyendo a jóvenes, últimamente a los del Instituto de Educación Secundaria Mata Jove.
«¿Cómo atiendes a la diversidad de problemas?». Esa es una de las preguntas de las que ha tenido que examinarse una indignada Ana Menéndez. Profesora a punto de jubilarse, sospecha que la cuestión «da para escribir una tesis. Y mientras lo haces, pues desatiendes a tus alumnos».
«Si fuera un solo examen, aún, pero mucha gente se enfrenta a cuatro evaluaciones distintas y esto ya atenta contra la dignidad de uno», defiende Daniel Rodríguez, de FETE-UGT.
Desde ayer los sindicatos tienen constancia de una quinta prueba. La ha mandado el Ministerio de Educación a 17 centros asturianos e intenta medir la calidad de la convivencia escolar. Lo hace planteando preguntas como «si pudiera dejaría de trabajar como profesor» o «me gustaría cambiarme de centro», frente a las que el docente debe confesar si está nada, poco, bastante o muy de acuerdo. «Esto ya es como un Gran Hermano, pero encima pidiendo que te delates tú mismo», entiende Isabel González, de SUATEA.
Cuestión de empresa
«Es una imposición, intentan meter a la enseñanza en un traje empresarial para el que no está diseñada», lamentaba Gerardo Domenech, de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). No hubo gritos, pero sí pancartas que apuntaban al consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, pero sobre todo a la de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, a quien acusan de tratar a los funcionarios a golpe de imposición.
«Detrás de esto está su consejería, que intenta llevar a los funcionarios a un modelo en el que individualiza las relaciones laborales; pretenden que cada uno negocie directamente sus retribuciones al margen de la negociación colectiva», censura José Ángel Piquero, de CC OO. Su lamento suena a intentar que los funcionarios sean retribuidos en función del esfuerzo, que cada uno asuma el resultado de su trabajo. «Sí, es verdad que eso es lo que pasa fuera de la Administración, pero nosotros somos un cuerpo de funcionarios, y se nos deben aplicar criterios comunes no mercantilistas», responde.
