
«Ahora llega el verano y habrá media plantilla de vacaciones. Si activamos una nueva huelga, el hospital tendría que cerrar», aseguraba la representante de los trabajadores. Por eso, lo primero que hizo la doctora Colunga una vez se puso al frente del Comité de Empresa fue solicitar una nueva reunión al Patronato que gestiona el centro hospitalario. «En estos momentos estamos a la espera de que nos llegue una respuesta, aunque confío en que pueda producirse un encuentro la próxima semana», dijo.
Tras la sentencia favorable a los trabajadores de esta semana, en la que se reconoce su derecho a acceder a la carrera profesional, los trabajadores parecen haberse quedado un poco más tranquilos. Y eso, a pesar de que Colunga asegura que «entre nuestras reivindicaciones no estuvo nunca que se nos concediese la carrera profesional del Sespa. Sólo pedíamos el derecho de que, en nuestro centro, se reconociese ese derecho», puntualizó. Aunque se rebaje «la intensidad del conflicto», Colunga adelantó que no abandonarán la vía judicial para hacer valer sus derechos.
Historia
Desde que se recrudeció el conflicto se han sucedido las jornadas de huelga, las protestas, encierros y hasta una manifestación multitudinaria por las calles de Arriondas. Los trabajadores dejaron de colaborar en las comisiones científicas, se ha tenido que poner en marcha un plan especial de evacuación -que los trabajadores tachan de caótico- para derivar los pacientes afectados por los paros a otros centros de la región «Éramos un hospital puntero en Asturias y ahora estamos a la cola en todo», explicaba Colunga. Y además, creen que no ha servido para nada.
Mientras tanto, desde el Principado han acordado la transformación de la actual Fundación Privada que gestiona el hospital en Fundación Pública. Será lo más cerca que se llegue a la integración en el Sespa, o al menos así lo aseguran los representantes del Gobierno regional. También han prometido la ampliación del hospital, una partida millonaria para acometer diferentes mejoras y una ampliación de la cartera de servicios. Sin embargo, no parecía ser suficiente para los trabajadores, que siguieron adelante con su lucha hasta que el Gobierno regional se plantó y se rompieron las negociaciones.
Ahora parece comenzar una nueva etapa que, quizás, sirva para poner fin a un conflicto en el que los máximos perjudicados son los usuarios. La Plataforma de Asociaciones que defiende la postura de los usuarios se ha manifestado una y otra vez solicitando un acercamiento entre las partes. Sin embargo, las soluciones no acaban de llegar y el problema no parece encontrar solución. Sólo una unión de Partido Popular e Izquierda Unida en la Junta General podría poner contra las cuerdas al Gobierno de Areces, pero hasta ahora el PSOE ha sido capaz de ir ralentizando todas y cada una de las iniciativas parlamentarias. Quizás la etapa que ahora comienza sea la última oportunidad para encontrar una solución definitiva.





