Un 6% más. Ese es el incremento del precio de la plaza geriátrica pública aplicado en 2006, lo que eleva el precio a 963 euros (160.230 pesetas), en lugar de los actuales 909 euros (151.245 pesetas). La subida fue confirmada a EL COMERCIO por el viceconsejero de Bienestar Social, Ángel González, ex gerente, a su vez, de Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA), el organismo de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del que dependen todos los geriátricos públicos. La subida, aprobada en la última reunión del Consejo de Gobierno, es idéntica a la realizada en los años anteriores, precisó. Pese a ello, matizó, aún se está lejos de cubrir el coste real de la plaza, que la patronal de los geriátricos privados ha situado en los 1.200 euros (200.000 pesetas) y que reclaman al Principado para concertar habitaciones.

Ángel González coincide con ellos en que ése es el coste real, pero argumenta que «no fuimos nosotros los que, hasta 1999, congelamos el precio público. Fue un gobierno de otro signo, no precisamente de izquierdas, el que lo hizo y el que ha impedido que Asturias esté en cifras similares a las que se piden en otras comunidades». En su opinión, si en la etapa del PP no se hubieran suspendido las subidas «el precio público de la plaza geriátrica sería, como mínimo, de 1.150 euros (más de 191.000 pesetas)».

El 22% cubre el coste

Con el incremento, el viceconsejero espera que el ERA repita el superávit de este año en el que, por primera vez, los ingresos subieron un 66%, pasando de los 72.115 euros recaudados en 2003 a los 120.192 de este año. El motivo de tal multiplicación de recursos no se debe únicamente, explica González, «a que hayamos subido el precio de la plaza», sino a la campaña iniciada hace año y medio «para controlar tanto los bienes y patrimonio de los residentes actuales, como de los que solicitan entrar en una de nuestras residencias».

En ese sentido, con el control de los usuarios anteriores a 2003, el Principado ha recuperado la cifra, ya adelantada por EL COMERCIO, de un millón de euros «correspondientes a los expedientes abiertos a otras tantas familias de ex usuarios, para que subsanaran la deuda pendiente». A este respecto, González quiere resaltar el hecho de que «todos han pagado en el periodo voluntario, la colaboración de las familias ha sido máxima».

Por lo que respecta a los residentes de nuevo cuño, el ERA ha logrado que «hayamos pasado de que sólo pagaran el coste total de la plaza unas 300 personas del total de 3.000 mayores que vivían en 2003 en nuestras residencias, a las 670 que lo han hecho este año». Es decir, el porcentaje que sufraga el precio público íntegro ha pasado del 10% de 2003 al 22% de 2005.

También ha subido la media aportada por los usuarios, la mayoría beneficiarios de bajas pensiones de las que entregan a la residencia el 75%. Mientras en 2003 esa aportación media estaba cifrada en 300 euros (50.000 pesetas), este año, ha alcanzado los 400 (66.650 pesetas).

González asegura que esta línea continuará ascendente, «porque ya funcionan, sin problema, los convenios con la Tesorería de la Seguridad Social, la Administración de Hacienda y el catastro. Cuando llega un solicitante recibimos, automáticamente, su situación patrimonial exacta».