LA idea de Europa se empieza a materializar tras el último gran fracaso europeo, de dramáticas consecuencias, que fue la Segunda Guerra Mundial. Tras ella vino el discurso de los Estados Unidos de Europa en Zúrich que inauguró un lento camino hacia la cooperación política iniciado en los primeros tratados de unificación económica. El pragmatismo europeo, empezar por acuerdos parciales y concretos principalmente en materia económica, estaba sólidamente asentado en un fuerte idealismo que se expresaba, ya en 1950, en el ánimo de actuar «creando solidaridades de hecho», y en un amplio consenso sobre los límites del mercado y la función reguladora del Estado en la economía. Se entendía, con acierto, que esta era la única manera de conjurar para siempre los graves errores de un pasado europeo marcado por el hipernacionalismo de unas democracias liberales incapaces de dominar la avaricia económica y de proporcionar una visión política de largo alcance y cuyas crisis desembocaron en los fascismos.

El consenso político de la posguerra produjo en Europa un periodo de paz, cooperación, bienestar, prosperidad y protección de los derechos sociales y ciudadanos que no tiene parangón en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, a finales de los años 90 el modelo empieza a ser puesto en cuestión debido a múltiples causas, entre las que no son menores los intereses de los grandes centros de poder económico y financiero y la debilidad ideológica de una gran parte de la izquierda política y social, desorientada y en el plena crisis de identidad.

La Europa que alumbra el siglo XXI no está a la altura de un mundo que padece una nueva bipolaridad, la del desarrollo para unos y el hambre y la pobreza para la inmensa mayoría. Tampoco está a la altura de la amenaza ecológica del planeta. Todo esto lo hemos vuelto a comprobar recientemente en la última cumbre de la Organización Mundial de Comercio. Asimismo, no es una Europa que esté respondiendo eficazmente a sus dificultades internas más importantes, como son, por ejemplo, la deslocalización industrial, las amenazas al modelo de Estado de bienestar, los flujos de inmigración o las convulsiones sociales como las que se produjeron en Francia. Es, como dijo Jean-Claude Juncker, al término del Consejo Europeo de junio, «una Europa en crisis profunda». Las perspectivas financieras aprobadas en diciembre para el periodo 2007-2013 son un reflejo de esta afirmación y la consecuencia lógica del fracaso político europeo, que ya había cristalizado en el rechazo francés a un tratado pseudoconstitucional en cuyos criterios de elaboración son predominantes los intereses puramente mercantilistas de las grandes multinacionales. El Consejo Europeo desoyó las recomendaciones del Parlamento, de la Comisión y del Comité de las Regiones y fijó un presupuesto raquítico del 1,045% del PIB, por debajo incluso de la propuesta rechazada en Luxemburgo. Es el presupuesto más escaso de la historia para la Unión Europea más grande desde su fundación.

Es evidente que se ha optado por concebir la ampliación europea como una mera extensión de mercados y no como la construcción de un espacio político capaz de garantizar derechos sociales a sus ciudadanos y de influir, para mejor, en la gobernanza del planeta. La equivocación es grave, porque sin políticas públicas y sociales no habrá tampoco crecimiento económico. A falta de las enseñanzas de la Historia antes mencionadas, el Tercer Informe sobre Cohesión Social, también obviado por los gobiernos, es palmario: «El coste por no seguir una enérgica política de cohesión social para luchar contra las desigualdades no es sólo la pérdida de bienestar individual y colectivo, sino también, desde el punto de vista económico, la pérdida de renta potencial real y de un nivel de vida más alto. Dadas las interdependencias inherentes en una economía integrada, estas pérdidas afectan no sólo a las regiones menos competitivas o a las personas que no trabajan o que tienen un empleo improductivo, sino a todos los ciudadanos de la unión». Las perspectivas financieras aprobadas responden sólo a los planteamientos de aquella 'carta de los ricos' que reclamaba no superar el 1% del PIB y no a las necesidades de la Unión.

Cuando Europa ha salido tan mal parada de este proceso, que el debate público se centre únicamente en discutir qué han conseguido España y Asturias es un ejemplo de miopía política. A pesar de la integración en la UE de 10 nuevos miembros con muchas debilidades económicas España seguirá recibiendo Fondos de Cohesión. Asturias logra que se reconozca, en parte, el 'efecto estadístico' y el presidente del Gobierno se ha comprometido en el Congreso a dar un tratamiento específico a las regiones que, como la nuestra, pierdan fondos europeos. Habrá que ver si estas afirmaciones se traducen en hechos, pero por ahora los análisis catastrofistas de la derecha son claramente interesados y ajenos al interés general. No obstante, es evidente la conversión del Consejo Europeo en un simple foro multilateral de negociación al cual los gobiernos acuden exclusivamente a obtener beneficios en función de claves políticas exclusivamente nacionales. Las reuniones de los dirigentes europeos se han transformado en verdaderas subastas de la miseria. A medio plazo, España y Asturias saldrán mal paradas de esta aniquilación de la idea de Europa.

Es imprescindible la renovación del impulso europeísta. Se requieren decisiones políticas de calado, entre las que se encuentra una institucionalización de la Unión Europea que dote de capacidad política efectiva a este coloso comercial que es hoy Europa. En este sentido hay que reflexionar sobre el sistema de elección de la cabeza política de la Unión. Hay que abordar, sin lugar a dudas, la transformación del modelo de financiación europea. Para ser una gran potencia se requiere un sistema impositivo y fiscal directo y homogéneo, en el que los ciudadanos que más tienen y los grandes capitales aporten más. Se necesita un presupuesto de magnitud considerablemente mayor, no está mal recordar que el presupuesto de los EEUU supone cerca del 30% de su PIB.

En definitiva, decisiones económicas claramente socialdemócratas, aunque el socialismo europeo, cada vez más liberal y menos internacionalista, no las impulse, y que impliquen superar el interés nacional inmediato y sacrificar parte de la soberanía nacional que, por otro lado, es cada vez más débil y mítica. Decisiones que requieren del concurso y la corresponsabilización de todos. En el discurso, antes mencionado, pronunciado en Zúrich en 1946, Winston Churchill decía: "Tenemos que construir una especie de Estados Unidos de Europa, sólo de esta manera cientos de millones de trabajadores serán capaces de recuperar las sencillas alegrías y esperanzas que hacen que la vida merezca la pena». Y en este objetivo debe centrarse el debate político en Asturias, en España y en Europa.