Es inconcebible que un Gobierno que dice llamarse de izquierdas (PSOE) y que se supone que pretende la igualdad y la justicia en su más amplia aceptación del término, siga oponiéndose intransigentemente a que los educadores funcionarios estemos en la misma categoría que los laborales (grupo B), manteniéndonos en una situación de desigualdad, con uno o dos categorías profesionales (grupo C y D) por debajo de nuestros compañeros, con los cuales compartimos idéntico trabajo y centros de acogida o de minusvalías, pero en diferentes condiciones laborales. Me siento personalmente agraviada, al igual que mis compañeros.

Estuvimos durante años todo el colectivo de funcionarios y laborales intentando dialogar y solucionar esta situación, pero, ante la falta de diálogo con la Administración, se convocaron sucesivas manifestaciones y protestas, consiguiendo con ello el ascenso de los laborales al grupo B, un colectivo más numeroso, en aplicación del principio «divide y vencerás», dejándonos al resto, unos 30 trabajadores, sin reclasificar y sin voluntad política de hacerlo, ya que, si hubieran querido, en sus manos estaba el solucionarlo. Que no se escuden en la legalidad para justificar lo injustificable, pues tienen una amplia mayoría en el Parlamento. No obstante, excluyo al PP e IU, ya que estas dos fuerzas políticas nos apoyaron y fue exclusivamente el PSOE el que se negó a solucionarnos de una vez por todas nuestra justa reivindicación. En ellos impera la sinrazón y el desentendimiento de este colectivo de funcionarios que desarrollamos una labor educativa con los niños. Paradójicamente, dicha labor está cimentada en los principios de igualdad y justicia social. Ante esta situación insostenible e inexplicable en esta comunidad del Principado, podría poner como ejemplo el referente de la Comunidad Valenciana (por cierto, ésta gobernada por el PP), que encontrándose hace bastantes años ante una situación similar a la nuestra la Generalitat, no sólo subió la categoría a su personal laboral (categoría B) sino que, no contentos con eso, los funcionarizó.

Aquí no pedimos tanto, solamente lo que por justicia nos corresponde. ¿Por qué sí se puede en otras comunidades y en la nuestra no? ¿A qué obedece? No queremos que esta Administración siga dándonos más largas remitiéndonos a tratar el problema en la futura modificación de la Ley de Ordenación de la Función Pública, que llevan desgraciadamente un montón de años con ella parada. ¿Cómo es que este Gobierno socialista tiene este empecinamiento en no reconocernos administrativamente la categoría que nos corresponde a pesar de darnos una compensación económica por ello? ¿Cuál es el verdadero motivo que se lo impide? Mientras tanto seguiremos defendiendo y luchando por que nos reconozcan nuestro desprestigiado trabajo con menores y conseguir darle el lugar que le corresponde a una importante labor de gran contenido social y educativo.