La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional que embargue los bienes de Kandido Azpiazu Beristain, el etarra que en 1980 asesinó a tiros en Azkoitia (Guipúzcoa) al militante de UCD Ramón Baglietto. En 2005, con su condena cumplida, Azpiazu abrió una cristalería en el bajo del inmueble en el que tiene su domicilio desde hace décadas la viuda del asesinado, Pilar Elías, que es desde hace años concejal del PP en este ayuntamiento guipuzcoano y está amenazada por ETA, motivo por el que lleva escolta.

La reclamación de la Fiscalía, que debe resolver en los próximos días la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, podría fijar un precedente a la hora de reclamar a numerosos ex etarras en libertad las indemnizaciones a que fueron condenados por sus crímenes y que nunca pagaron a los herederos de sus víctimas por declararse insolventes, según comentaron fuentes judiciales.

El Ministerio Público, con esta solicitud, responde a las peticiones expresas realizadas por el Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, y por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ambos organismos reclamaron, especialmente indignados con el caso de Azpiazu, que las sentencias contra los etarras incluyan una pena de alejamiento del lugar de residencia de sus víctimas y que el Estado les reclame el pago de las indemnizaciones correspondientes a su salida de prisión.

La primera de las reclamaciones se concretó la semana pasada, cuando la Audiencia Nacional, por primera vez, condenó a uno de los asesinos del dirigente socialista Fernando Buesa y de su escolta Jorge Díez a permanecer alejado de las familias de sus víctimas y de sus domicilios durante cinco años, a contar desde el momento en que salga de prisión.

Kandido Azpiazu fue condenado el 21 de noviembre de 1981 a 49 años y dos meses de cárcel por el asesinato de Baglietto y se le exigió el pago de 12 millones de pesetas a la viuda de la víctima y a sus dos hijos. El etarra salió de la cárcel en 1995, en libertad condicional, después de haber cumplido 15 años de pena real y de haber redimido una parte importante de la condena por buen comportamiento y trabajo en prisión. El condenado nunca pagó indemnización alguna a la familia de la víctima porque se declaró insolvente.

Cuentas y propiedades

La Fiscalía, en la reclamación presentada el pasado 5 de diciembre, pide a la Sección Primera de la Sala de lo Penal que oficie al Registro de la Propiedad para que informe de si Kandido Azpiazu es el dueño del local comercial situado bajo el número 14 de la calle de Ibaiondo, de Azkoitia -la vivienda de Pilar Elías- o si esta persona posee alguna otra propiedad. El motivo de la consulta -diligencia previa a un embargo de bienes- es la información aún sin contrastar de forma oficial que indica que Azpiazu y su mujer adquirieron en marzo pasado, en metálico y ante notario, un bajo comercial de unos 90 metros cuadrados, del que serían copropietarios.

El Ministerio Público también solicita en su escrito a la Audiencia Nacional que reclame de La Caixa el embargo de las cuentas corrientes que pudiese tener Azpiazu en esa entidad financiera, ya que, al parecer, es la caja de ahorros que le concedió un crédito para poder poner en marcha su nuevo negocio de cristalería.

El asesinato de Baglietto suele provocar un especial rechazo porque la víctima salvó la vida a su asesino 18 años antes del atentado. La madre de Azpiazu murió en 1962, en Azkoitia, atropellada por un camión cuando trataba de salvar a su otro hijo, que corría junto a la carretera. Ambos murieron en el accidente. Kandido Azpiazu, que era un bebé y que ese día iba en brazos de su madre, no murió en el mismo siniestro porque Baglietto, que presenciaba la escena desde la puerta de su mueblería, corrió y arrebató el bebé de los brazos de la madre en el último momento.