Numerosos fumadores asturianos siguieron comprando ayer sus cigarrillos en el kiosco, como siempre, pese a estar prohibido desde domingo, día de la entrada en vigor de la ley antitabaco. El desconocimiento de la normativa por parte de los clientes, la necesidad de dar salida a las existencias o la disconformidad con la nueva ley fueron las razones aducidas por los afectados. Los autónomos mantienen su amenaza de huelga para finales de este mes.

Jorge Manuel Suárez, del kiosco Toffee, de Gijón, no tuvo ayer reparos para admitir con sinceridad que sigue vendiendo tabaco e, incluso, se dejó hacr fotos. «Voy a aguantar hasta que venga la Policía», señalaba, entre muestras de solidaridad de sus clientes.

Una de las habituales del kiosco y del pitillo, Laude, se mostraba incluso reacia a que inmortalizasen la imagen porque «no quiero meter en líos a esti mozu».

Jorge Manuel hace sus cuentas y sale perdiendo: hasta ahora ha pagado religiosamente la licencia y vendía «muchas cajetillas». Si le cierran el grifo, tendrá que despedir a uno de sus dos empleados. «Un 30% del flujo de gente que entra aquí viene a por cigarrillos», dice, al tiempo que apunta que él estaría dispuesto a instalar una máquina expendedora, si le dejasen. «Azkoyen hizo mil máquinas pequeñas, especiales para los kioscos, y no nos dejan ponerlas. Todo son pérdidas», apostilló.

Hay otros autónomos que comparten ese enfado. Es el caso de Emilio Bastián, del kiosco Adaro, también en Gijón. «Secundaré la huelga, por supuesto», dice. A mediodía de ayer era incapaz de calcular la cantidad de fumadores que le pidieron tabaco y a los que tuvo que dar la vuelta. A su juicio, «cifrar las pérdidas es difícil, porque el que viene a por la cajetilla te lleva chicles, periódicos...». Y los clientes adictos al pitillo tampoco están lo que se dice contentos: «Se quedan perplejos, ya que muchos no están informados sobre las repercusiones de la ley». Ya en la esfera más empresarial, añade que «es inexplicable que una ley de sanidad regule el comercio».

En Llanes, María Jesús Menéndez decidió vender los cartones que aún le quedan, aunque la ley esté ya en vigor. Ayer sus clientes compraban el tabaco como cualquier día. «Será hasta que se acostumbren a ir al estanco», justificó.

A peser de que ella también fuma, a María Jesús la prohibición no le parece una mala medida. «No me importa dejar de venderlo, entiendo que los fumadores molestamos, pero lo que me parece absurdo es el tema de los bares», afirmó.

En el quiosco llanisco de Lolina ya desde el primer día dejaron de vender. Loli Velarde no cree que vaya a suponerles una gran pérdida, puesto que tampoco movía grandes cantidades. «Era más bien un complemento. Sí es verdad que quien venía a por tabaco, compraba igual una revista», reconoce. Sin embargo, ella también se muestra partidaria de la medida. «Me parece muy bien. Si el tabaco es malo, hay que dejarlo y, quien fume, que lo compre en los lugares apropiados», concluyó.

En gasolineras, sí

En Oviedo, Flor Segovia abría ayer por primera vez en 2006 su quiosco de la calle de Melquiades Álvarez. Con cajetillas en la trastienda, se quejaba porque perderá «al cliente que viene por la mañana a por el periódico y el tabaco, ahora irán a otro sitio». Los quiosqueros dicen no entender por qué ellos no pueden ofrecer cigarrillos y sí las gasolineras. «Se me cae el alma a los pies cuando voy a una gasolinera y veo los montones de periódicos», lamentaba Salvador Fernández, con 30 años vendiendo prensa en la calle de Uría.

María Rosa Martínez, propietaria de La Santina, en la ovetense calle de Covadonga, había pensado alquilar una máquina expendedora de tabaco, «pero ni siquiera eso nos lo permiten». Ayer ya percibió un descenso en las ventas.

Se trata de críticas compartidas por el sector en Avilés. Los propietarios de tres quioscos céntricos, que solicitaron mantener su anonimato, se quejaron de la prohibición. Aducen, en primer lugar, las pérdidas económicas que suponen para su negocio y que oscilan «entre los 60 y los 120 euros mensuales», cantidades que consideran importantes ante el descenso del poder adquisitivo por el aumento del precio de servicios como el agua, el gas o la electricidad.