El Gobierno destinará en las próximas semanas más de 3.000 policías y guardias civiles a impedir que las drogas lleguen a los colegios e institutos. El Ministerio del Interior ha diseñado un plan especial contra el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes en las proximidades de los centros educativos que comenzará a aplicarse el próximo día 10 de enero y que se mantendrá operativo al menos dos años, período tras el cual podría prorrogarse si se estima preciso.

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, explicó ayer que su departamento ha considerado necesario establecer este plan de choque tras detectar con preocupación que el tráfico y consumo de estupefacientes entre los niños y jóvenes ha aumentado en los últimos años, al tiempo que se reducía la edad de inicio en las drogas, lo que indica que los adolescentes acceden a estas sustancias ilegales y perjudiciales para la salud con cierta facilidad.

Alonso afirmó, durante la presentación, que en la ejecución del plan están implicadas tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil, las policías locales y las autonómicas, y su objetivo es que «la enseñanza y la formación de los niños y los jóvenes se realicen en un entorno de convivencia seguro y saludable». El ministro comentó que, dado el sector al que se dirige, el plan busca ser «eficaz», pero también «discreto» y «evaluable», por lo que sus resultados se someterán a análisis cada tres meses para comprobar su eficiencia y para saber que cosas hay que modificar. «Va a haber un incremento del control del tráfico de drogas en todos los colegios», prometió el titular de Interior.

Objetivo: los 'camellos'

Las directrices aprobadas por la Secretaría de Estado de Seguridad serán ahora adaptadas al terreno en cada comunidad autónoma con la elaboración de un mapa de riesgos, con el objetivo de elaborar planes detallados y concretos para cada pueblo y ciudad y de diseñar operaciones de prevención, vigilancia y represión puntuales. Los delegados del Gobierno nombrarán un responsable territorial del plan que será el encargado de coordinar las actuaciones en cada región y de servir de enlace entre todos los cuerpos policiales implicados. Estos responsables establecerán cauces que permitan compartir los datos estatales, autonómicos y locales sobre droga y centros educativos, para que puedan ser usados en la toma de decisiones.

El trabajo policial -en el que al menos participarán 1.306 policías nacionales y 1.818 guardias civiles- se centrarán en la persecución de los 'camellos' y de los consumidores de droga en los entornos de los colegios en todos los horarios con afluencia de jóvenes, tanto durante el horario lectivo reglado como durante las actividades extraescolares o los tiempos de descanso. El plan no pretende actuar dentro de los centros educativos, pero prevé que los directores colaboren con los investigadores a la hora de potenciar la prevención, la disuasión y la represión del consumo, así como para lograr informaciones útiles en la represión del 'menudeo'.

El proyecto otorga un gran protagonismo a la hora de fijar prioridades y zonas de riesgo a las juntas autonómicas y locales de Seguridad y prevé, entre otras actuaciones, el incremento de la presencia de policías locales uniformados en los alrededores de los colegios e institutos, como medida preventiva.

Alonso aseguró que el contenido del plan le fue explicado hace varias semanas a las principales asociaciones nacionales de padres de alumnos, que le mostraron su apoyo a las medidas. El diseño aprobado, dijo el ministro, tiene como objetivo específico la lucha contra el 'menudeo' de droga, pero en ningún caso detraerá para ello agentes e investigadores de otras ocupaciones, especialmente de la persecución de las grandes redes de narcotráfico, contra las que se mantendrá el grado de lucha actual.